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El reciente nombramiento de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República implica un cierre de ciclo en la creación de un nuevo órgano de persecución penal a nivel federal. El balance es negativo.
La Fiscalía iniciará sin autonomía del Poder Ejecutivo, derrotando así, la idea misma que inspiró su creación. La Fiscalía nació muerta. Resultó inútil hacer un cambio constitucional y un esfuerzo de creación de una institución con fanfarrias para que, en los hechos, nos quedásemos con una Procuraduría General de la República (PGR) bajo otro nombre.
La idea original que inspiró la creación de la Fiscalía, proponía aislar la persecución penal de los delitos más graves de los caprichos presidenciales. Se trataba de una autonomía política. Esta independencia pretendía ser el antídoto de dos males bien conocidos: por un lado, se dirigía a impedir que la acusación penal fuese usada injustificadamente contra los rivales del presidente. Por otro lado, buscaba erradicar el mal opuesto, consistente en un fuero de facto, en la protección procesal de quienes cometen delitos desde una posición de cercanía con el Ejecutivo federal.
Dos hechos de la administración pasada ejemplifican los males citados arriba. La acusación penal en contra de Elba Esther Gordillo durante su resistencia frente a la reforma educativa es un caso del uso de la PGR en contra de adversarios políticos. En cambio, la inacción de la persecución de las redes de robo de combustible que operaban desde el propio gobierno federal es el ejemplo perfecto de la segunda perversión; la protección de perpetradores y cómplices que operan desde el poder.
¿Qué impidió transitar hacia la autonomía de la Fiscalía? Dos cosas: una falla deliberada en el diseño original propuesto por Peña Nieto y una decisión de López Obrador de mantenerse en el camino sentado por su antecesor.
La aspiración de independencia de la Fiscalía del Ejecutivo Federal quedó comprometida desde el momento mismo en que se aprobó el texto constitucional original del artículo 102 en 2014. Desde entonces, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma decía ir en la búsqueda de una autonomía que el articulado se encargaba de subvertir, específicamente en lo que correspondía al sistema de nombramiento del titular de la Fiscalía y a la ausencia de candados para su remoción. La bancada priista había controlado cuidadosamente el proceso legislativo para que la autonomía fuese una teoría que nunca pudiese llevarse a la práctica.
La situación de la falsa autonomía fue alertada desde hace más de dos años por académicos, activistas y organizaciones de amplio espectro bajo las iniciativas de #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás. Con estas iniciativas, un grupo de ciudadanos propusimos al Congreso la revisión del texto constitucional para garantizar la prometida independencia. Esto no se logró. La legislatura pasada se negó a hacer estos cambios, como también se negaría más tarde la legislatura actual dominada por Morena. ¿Por qué? ¿Por qué hacer una copia al carbón del mal actuar de sus criticados predecesores? Y esta copia, al quererse hacer pasar como progresista, es aún más negra.
Llevar a la práctica la autonomía de la persecución requiere de un Ulises, dispuesto a amarrarse voluntariamente a un mástil para evitar caer en la tentación fatal que el canto de las sirenas gubernamentales provoca. Se requiere de estadistas dispuestos a ceder poder, a atarse de manos. Por el momento, esta calidad de líderes están fuera del punto de mira.
Abogada. @LaydaNegrete
