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Desde hace casi 14 años la demanda más sentida de la población ha sido seguridad. Así lo empezamos a manifestar en junio de 2004 cuando cientos de miles salimos vestidos de blanco a las calles de Ciudad de México a exigirle a la autoridad que hiciera su trabajo. Pedimos pacíficamente al jefe de gobierno del D.F., Andrés Manuel López Obrador, que cumpliera con su obligación de garantizarnos nuestra integridad física y patrimonial. Era un llamado también para el gobierno federal, para todos los gobernadores y presidentes municipales de todo el país.
Hoy la falta de seguridad en todo el país es la principal preocupación del ciudadano de a pie, de los empresarios, de los periodistas, de los analistas que asesoran en la toma de decisiones de inversión, la lista podría continuar. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), dada a conocer por el INEGI en septiembre de 2017, indica que el 61% de la población mayor de 18 años percibe a la inseguridad como el principal problema. Muy por arriba de este porcentaje aparecen en orden de gravedad CDMX, Estado de México, Colima, Guanajuato, Tabasco y Tamaulipas. Esta edición de la ENVIPE intensifica la luz roja, pues la percepción ha venido in crescendo; en 2012 la percepción de inseguridad fue de 57.2%.
También la Encuesta sobre las Expectativas en Economía del Sector Privado que publica Banco de México, muestra en su medición del 15 de diciembre pasado que el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México es el de la inseguridad pública. Esta preocupación está muy por encima de la incertidumbre cambiaria, de la debilidad en el mercado interno y de la incertidumbre política interna, principalmente.
Dicho lo anterior, el Estado mexicano a través de sus distintos órdenes de gobierno nos queda a deber mucho. De ahí que la publicación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) es un paso fundamental para articular a todos los responsables del uso legítimo de la fuerza que nos permitan recobrar la tranquilidad. Es increíble la sarta de comentarios irresponsables que se han hecho sobre esta ley. Esta es una auténtica prueba de fuego para quienes tenemos la responsabilidad de opinar sobre todo aquello que afecta el interés público. Y digo que muchos de los comentarios han sido irresponsables porque ni siquiera se han molestado en leer la LSI, ya no digamos su exposición de motivos y menos aún relacionarla con los artículos 73 y 89 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por citar las más importantes.
La LSI consta de 34 artículos distribuidos en seis capítulos, con cinco artículos transitorios. Los capítulos son los siguientes: DISPOSICIONES GENERALES; DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR; DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES; DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR; DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR, y DE LAS RESPONSABILIDADES.
Definitivamente miente quien afirma que la LSI va a militarizar al país. Perdón, pero hoy en día, basta salir por carretera, tomar un vuelo en cualquiera de los aeropuertos, para constatar que hoy en día las fuerzas armadas están haciendo tareas que no les corresponde. Por el contrario, la LSI mete orden para definir cuándo se detona la entrada de fuerzas federales que incluyen a las fuerzas armadas. La situación actual de inseguridad al interior del país se ha dado por haber carecido de los protocolos requeridos para que entren los refuerzos federales cuando la capacidad de la fuerza legítima que pueden ejercer gobiernos municipales y estatales ha sido rebasada.
La LSI protege explícitamente en su artículo octavo a “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la CPEUM, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.”
Lo único que sí puedo concluir después de leer y analizar la LSI son cuatro cosas: uno, necesitamos fortalecer los mecanismos de incentivos para castigar y premiar a los malos gobernantes que se olvidan que su principal responsabilidad es cuidar las vidas y patrimonio de las personas. Dos, gobernar es sinónimo de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley en el territorio para el cual fueron electos. Tres, el federalismo mexicano está pasando por una de sus peores crisis, y tiene que replantearse para realinear a los tres órdenes de gobierno a servir a toda la población. Cuatro, nuestros gobernantes y nuestros políticos se han preocupado más por distribuir y aumentar el número de regalos a costa de la calidad y efectividad de los servicios públicos. Sin seguridad no hay nada; la seguridad es la base fundamental para la justicia, la prosperidad y la equidad.
Economista
@jchavezpresa
