Se oyen y se sienten los pasos de dictadura. Muy sui géneris, muy “a la mexicana” como para subrayar que “como México no hay dos”. Y no estoy hablando de que estemos ya con un gobierno dictatorial, sino del “taconeo” y los “rasgos” propios de una dictadura.

Duele decirlo, pero nos encontramos en un escenario en el que López Obrador, que llega a la Presidencia con la más amplia legitimidad que haya tenido cualquier candidato en la era de elecciones democráticas del México moderno, está tomando decisiones que contravienen los principios democráticos y el bienestar de la sociedad, aunque diga lo contrario. AMLO llegó ahí gracias a un largo proceso de luchas y reformas impulsadas y defendidas por el progresismo y la izquierda democrática, especialmente el PRD, de la mano de múltiples organizaciones de la sociedad civil y personalidades que lo dieron todo por acabar con el régimen presidencialista, centralizador y autoritario.

1996 fue el punto de quiebre de la transición mexicana hacia la democracia cuando el gobierno dejó de presidir y controlar los órganos electorales. Entonces se detonó la más profunda transformación del Mexico actual y se empezaron a desmontar las piezas del viejo régimen. Desde ese año hasta el 2018 asistimos al surgimiento de equilibrios entre poderes, la construcción de controles y equilibrios institucionales y órganos autónomos (entre ellos el electoral) para acotar el abuso del poder del Presidente de la República, así como al inicio de las alternancias presidenciales mediante elecciones democráticas. Luego, frente a la podredumbre que protagonizaron los gobiernos de la alternancia con insultantes grados de corrupción, inseguridad y desigualdad social, López Obrador se erigió como el redentor del pueblo para resolver esos males, logrando un resultado electoral arrasador en 2018 que instaló a Morena como partido hegemónico y con un “jefe político” que manda en la Presidencia y maneja al Poder Legislativo, por lo menos en San Lázaro.

Ahora este Presidente, soportado en un entramado constitucional construido democráticamente, está encabezando su desmantelamiento y protagonizando un proceso de franca regresión y restauración del autoritarismo presidencialista. Múltiples son los hechos que ilustran esta peligrosa situación: los ataques a la República federada y al municipio libre, las amenazas a la libertad de expresión y censuras a los medios, la militarización de la seguridad pública mediante la Guardia Nacional, los ataques a organismos públicos y a la sociedad civil, la cancelación de programas sociales que afectan principalmente a las mujeres, así como la reducción de recursos a salud y educación, entre otros.

Dos últimas decisiones subrayan lo que llamo “pasos de dictadura”: el nombramiento de 4 comisionados de la CRE, a pesar de haber sido rechazados por el Senado en uso de sus facultades constitucionales, cuyo único mérito es contar con la confianza del presidente, o sea ser sus lacayos; y la designación de un militar en activo al frente de la Guardia Nacional, a pesar de que la Constitución establece que deberá ser un civil. Ahora también quiere controlar la Corte con más ministros afines para ya no tener ningún contrapeso.

Cuando se viola abiertamente la Constitución y el Ejecutivo captura y elimina de facto a los poderes Legislativo y Judicial, estamos ante una especie de “golpe de Estado técnico”. O sea, ante una dictadura o, por lo menos, en el prólogo de la misma, cuyos pasos sigilosos, pero burdos a la vez, son cada vez más perceptibles. Quienes estamos comprometidos con la República democrática, y las libertades y derechos conquistados, no debemos permitir que este ominoso proceso camine y se consolide. Ni partidos políticos, ni sociedad civil, ni empresarios, ni medios de comunicación, ni creadores de arte, ni mujeres, ni jóvenes, ni adultos mayores, nadie debemos permitir esta regresión autoritaria. Pondría en riesgo la estabilidad y viabilidad del país.

Exdiputado federal

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