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La seguridad es un asunto estratégico para la nación: el que más preocupa a los ciudadanos e involucra la propia razón de ser del Estado. Suele manifestarse como un termómetro muy preciso de la democracia: si no se atiende, crece el malestar social. Hace unos días, el titular de la Secretaría de Gobernación y los representantes de la ANUIES firmamos un convenio de colaboración en esta materia con énfasis en la prevención social del delito. El propósito es diagnosticar con la mayor precisión el problema y darle la dimensión social que debe tener. Son las universidades los espacios idóneos donde el conocimiento puede conducir a un enfoque integral que atienda este mal que lastima a la nación, ya que existe escaso conocimiento de sus causas profundas, naturaleza y alcances.
Durante mucho tiempo la estrategia ha estado orientada casi en forma exclusiva a la persecución del delito. Ha hecho falta el fundamento de una cultura de prevención, que debe ser uno de los instrumentos del Estado para garantizar una seguridad integral a los ciudadanos. Año tras año se destinan abundantes recursos materiales, financieros y humanos a las labores de reacción frente al delito y muy pocos, en cambio, a resolver el fondo del problema que es prevenirlo. Ha prevalecido la urgencia sobre la importancia y el resultado es que no se ha atendido, satisfactoriamente, ni la una ni la otra. Se ha dado un enfoque meramente policiaco a un problema profundamente social.
Es indispensable reconocer que, en tiempos electorales, este asunto siempre se convierte en un tema de la agenda política. Las soluciones de fondo dan paso a las salidas de coyuntura y las propuestas, que en una campaña no maduran, al final son rebasadas por una realidad de más violencia e inestabilidad. De hecho, la prevención trasciende aspectos específicos de la seguridad y se conduce hacia la acción comunitaria, en especial entre los sectores más vulnerables de la población.
A menudo, al calor de los debates políticos, se insiste en que es necesario cambiar la estrategia cuando, en realidad, lo que hace falta es cambiar el modelo, es decir, pasar de dar prioridad a la persecución del delito para incorporar, en un equilibrio natural, mejores prácticas para la prevención, las cuales implican el conocimiento profesional del problema orientado a tres órdenes de actividad principales: fortalecer la paz social, estimular la participación ciudadana y restaurar el tejido social así como los valores de la convivencia cívica de las comunidades. Esto entraña, sobre todo, un proceso educativo y de formación de talento y capacidades de servidores públicos y ciudadanos en general, sobre todo jóvenes.
La importancia de la colaboración entre las instituciones educativas de la ANUIES y la Secretaría de Gobernación es que da prioridad al capital humano. El Centro de documentación para la prevención del delito, que se acordó establecer, será la piedra angular de este esfuerzo. Su objeto es generar estudios, programas e información a fin de formar profesionales para el servicio público y la iniciativa privada en la medida en que las necesidades de prevención tocan ambas esferas de actividad. El Centro deberá alinearse con las mejores experiencias académicas y ofrecer una plataforma pedagógica de elevada calidad técnica.
La seguridad de las familias es tan importante que no puede dejarse al arbitrio de promesas de campaña. Estamos ante la verdadera necesidad de cambiar no sólo la estrategia sino el modelo. La nación espera de sus instituciones educativas y de las autoridades una nueva visión integral y equilibrada tanto de prevención como de una eficaz y profesional persecución del delito.
Secretario general ejecutivo de la ANUIES.
@jaimevalls jaime.valls@anuies.mx
