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La prevención del delito en las instituciones educativas

13/03/2018
02:14
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Como una indeseable mancha de aceite, el narcomenudeo ha impregnado parte del campus de la UNAM y, en la república ilusoria de algunos analistas, las voces de alarma piden que la fuerza pública entre a los ámbitos universitarios a aprehender a quienes en ellos venden drogas. El rector, apelando a los valores de la universidad, llamó a actuar con altura institucional y señaló que este problema debe resolverse, justamente, con lo que la institución tiene como centro de sus responsabilidades: el conocimiento. Hace mucho que se ha ido perdiendo esa perspectiva de análisis para enfrentar los grandes problemas nacionales. Todo parece ser tema de debate y no de una visión objetiva de los asuntos que afectan al país.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior mantiene un firme compromiso con el saber, que representa una posibilidad efectiva de romper ese binomio incompatible de delincuencia y universidad. Rechazamos la presencia de esos grupos y exigimos, al lado del rector y de la comunidad universitaria, que las autoridades actúen con inteligencia policial; es decir, con una investigación que lleve al conocimiento de la naturaleza, alcances y funcionamiento de ese delito a fin de que se le contenga no dentro, sino fuera de los recintos universitarios.

Este caso emblemático nos conduce a la necesidad de replantearnos algunos de los asuntos centrales de la inseguridad y poner en su debida dimensión los componentes de nuestras políticas públicas en la materia. En breve, la Secretaría de Gobernación y la ANUIES suscribirán un Convenio para coordinar acciones con acento en la prevención social del delito.

Nos proponemos subrayar las tareas de inteligencia y conocimiento, de formación profesional del capital humano y orientar el sentido social de las acciones para combatir la inseguridad en un equilibrio eficaz entre la prevención, la persecución del delito y la impartición de justicia.

Las universidades deben ser el eje de esta dimensión de la seguridad: anticipar e inhibir las conductas delictivas mediante una prevención eficaz que analice el fondo y proponga soluciones a partir del apoyo de las comunidades. En el trasfondo está, sobre todo, la necesidad de reconstruir el tejido social que se está desgarrando con una perspectiva de inestabilidad y violencia. En buena lógica, esto tendría que llevarnos a la incorporación de planes y programas en las instituciones educativas para la prevención del delito no sólo como una tarea policíaca, sino con sentido social e incluso profesional.

México vive un proceso electoral que empieza a dejar ver los grandes faltantes de la democracia y, por tanto, las tareas que nos esperan a todos. La desigualdad es el mayor problema y su persistencia está generando un enojo social al que hay que responder con visión de Estado: hay que asegurar el imperio de la ley que afirme la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La justicia es la piedra angular de la relación entre la autoridad y la sociedad. Los ciudadanos pueden soportar el esfuerzo constante, pero no el trato desigual. Necesitamos elevar la calidad del capital humano que se encarga de operar el sistema de justicia, que es el rostro inmediato del Estado ante los ciudadanos. Si ahí se presenta una falla, el daño a la nación es incalculable.

En la ANUIES estamos convencidos de que el convenio con la Secretaría de Gobernación conducirá a una profesionalización de los servidores públicos y una mayor conciencia y participación de la sociedad para consolidar la arquitectura de la democracia y los principios y valores que la sustentan.

Secretario general ejecutivo de la ANUIES
@jaimevalls [email protected]

Nació el 22 de julio de 1968 en Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. Es Maestro en Economía Política de la Universidad de Essex en Inglaterra, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT...

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