La #3de3 es una iniciativa que surgió en el seno de la sociedad civil para lograr que los funcionarios y personas de interés público presenten y hagan públicas tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. La primera tiene que ver con la información relacionada con sus bienes y la evolución de su patrimonio durante el plazo de su encargo; la segunda se refiere a sus intereses, su participación accionaria o en cargos en sociedades mercantiles, préstamos, créditos o adeudos, entre otros, a fin de conocer los vínculos que pudieran influir en la objetividad del desempeño de sus funciones, y, finalmente, la fiscal para comprobar que el funcionario ha cumplido con dichas obligaciones. Esta iniciativa buscó que los formatos fueran más extensos y la información fuera pública.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del paquete anticorrupción, entró en vigor en julio de 2017 y de alguna manera retoma la iniciativa ciudadana #3de3. La ley dispone que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Se establecen también 3 momentos en los que deben presentarse las declaraciones: la inicial, dentro de los 60 días naturales siguientes al inicio del cargo; la de modificación, a más tardar el 31 de mayo de cada año, y la de conclusión, dentro de los 60 días siguientes a la finalización del cargo.

Asimismo, esta ley otorgó la facultad al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (CC), a propuesta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), de emitir los formatos respectivos, así como los instructivos para su llenado. Así fue como, el 7 de febrero de este año, el CPC que encabezaba Jacqueline Peschard presentó a los miembros del CC la propuesta de formatos, y esta semana estaremos entregándoles la propuesta de instructivo para su llenado.

En este proceso corresponderá al Comité Coordinador (conformado, además del CPC, por los titulares del INAI, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Fiscal anticorrupción y un representante del Consejo de la Judicatura) emitir los formatos definitivos.

¿Qué información deben contener los formatos de declaraciones? ¿A qué terceros relacionados con el funcionario se debe involucrar en la información, al cónyuge, a los hijos, a todos los dependientes económicos, a los clientes, a los socios? ¿Qué datos deben hacerse públicos y cuáles no? ¿Todos los funcionarios deben llenar los mismos formatos sin importar el tipo de atribuciones que tienen? Estos son algunos cuestionamientos fundamentales que se presentan en torno asunto de los formatos.

Los retos son muchos. Es necesario medir el balance entre lo público y lo privado y la utilidad de los datos con la finalidad de interés público; el INAI será pieza fundamental para ello. El tema de la privacidad es importantísimo. Por otro lado, es claro que los formatos no estarán listos para que los funcionarios los presenten en su declaración de modificación antes del 31 de mayo, pero sí es deseable que estén disponibles para la conclusión del encargo de los que saldrán con el cambio de gobierno; a pesar de la resistencia que seguramente habrá para ello, son incentivos naturales, de ahí la importancia del contrapeso que deberá hacer el CPC durante el proceso, junto con la sociedad civil y la academia. Tampoco faltarán las interpretaciones en torno a que los nuevos formatos no aplican a todos los funcionarios de todos los poderes de la unión, y otros casos del estilo. No vamos a acabar con la corrupción con estos formatos, pero sí constituyen un paso hacia la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

EN LA SOBREMESA.

Este viernes 1 de junio estrenaré blog. El objetivo principal es transparentar mi actividad como miembro del CPC del SNA (agenda pública, votos particulares, pronunciamientos, presentaciones), así como los documentos públicos que se generen en dicho comité. Anote usted: www.irenelevy.mx


Presidenta de Observatel, profesora de
la Universidad Iberoamericana, miembro
del Comité de Participación Ciudadana
del SNA. Este artículo refleja su
posición personal. @soyirenelevy

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