En las últimas semanas, Holbox, en Quintana Roo, ha sido noticia nuevamente por encontrarse en el punto de decisión entre ser un modelo de bienestar comunitario y desarrollo sustentable o convertirse en un destino desordenado masivo más del Caribe mexicano, con las implicaciones que eso conlleva para el rico entorno natural de la región, del cual dependen los prestadores de servicios turísticos para que vengan los vacacionistas.

Y es que el tema no es menor. A pesar de las múltiples denuncias realizadas por los miembros de la comunidad por la falta de servicios y riesgos ambientales- sanitarios y las denuncias que se han hecho como sociedad civil por los muy diversos delitos ambientales, la discusión sigue centrándose en los intereses económicos y no en los ambientales y en consecuencia el objetivo es el incrementar las densidades, y por ende el deterioro del ecosistema y los problemas ambientales del sitio.

Como parte del ejercicio de participación y consulta establecido en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), fue constituido el Consejo Asesor del Área Natural Protegida “Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam” el cual tal como lo establece la Ley tiene por objeto únicamente asesorar y apoyar a los directores de las áreas naturales protegidas.

Sin embargo, está sucediendo todo lo contrario, pues se está mal utilizando este espacio para presionar al director del área protegida y se han llevado a cabo reuniones sin cumplir con los procedimientos establecidos en el Reglamento de dicho Consejo, intentando utilizar este espacio para lograr acuerdos que desacreditan el trabajo realizado por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

El más reciente argumento de los promoventes de “Península Maya Development” para incrementar la densidad en la zona conocida como Isla Grande, es que hasta hace 30 años parte del territorio era utilizado para la siembra de cocales, lo cual concluyó con la llegada del amarillamiento, enfermedad que extinguió los cocoteros en la zona, permitiendo que desde entonces el sitio se encuentra sin uso y en recuperación a sus condiciones naturales.

A pesar de esto, los intentos desesperados de los inversionistas que compraron la tierra después del decreto del Área, han llegado a decir que la zona realmente no tiene el valor ambiental que se ha alegado por lo que un mayor uso en el sitio sería posible. Esto no solo es contrario al espíritu de un área natural protegida, sino que contraviene nuestra legislación, pues tal argumento debería llevar a que se declarara la zona como de restauración ecológica, de conformidad con lo que establece el artículo 78 de la LGEEPA.

Dicha Ley, establece que en aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la SEMARNAT deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. Por lo anterior, de ser comprobado que parte del territorio de Isla Grande se encuentra en degradación, lo que procedería sería que la SEMARNAT declarara al sitio como Zona de Restauración Ecológica, lo cual si limitaría el uso en el sitio pues no se podría hacer uso del mismo hasta que no se recuperen las condiciones originales de ese territorio.

La necesidad del programa de manejo para esta ANP es indiscutible y el intento por detenerlo hace dudar de la sustentabilidad de las proyecciones que se tienen en Isla Grande. La afectación o cuidado de Yum Balam, está vinculado a nuestro derecho a un medio ambiente sano y el de nuestras futuras generaciones, por lo que requiere la atención de todos los ciudadanos y todas las autoridades. Como bien fue demostrado recientemente en el caso Tajamar, el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con la preservación de los ecosistemas, aún más al tratarse de un Área Natural Protegida federal.

Así las cosas, la conservación de Yum Balam y la paz de sus pobladores requieren de la intervención inmediata y atinada de las autoridades competentes a nivel estatal y federal y así poder hacer un seguimiento puntual al procedimiento establecido en el Reglamento del Consejo Asesor ya aludido, brindar la seguridad y asegurar la integridad física de los participantes de dicho Consejo y, contar con un entorno adecuado y no de intimidación como el que existe hoy en día en Holbox y que en consecuencia se dé un diálogo respetuoso y se pueda llegar a acuerdos en beneficio de las partes interesadas, de los pobladores y de el gran capital natural de la zona.

Por Gustavo Alanís Ortega, Director General del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), en exclusiva para el periódico EL UNIVERSAL.

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