La sociedad expulsada

El descontento social con las instituciones políticas es, a la vez, una buena y una mala noticia. La buena es que la inconformidad con el desempeño de nuestros representantes habla de una sociedad (al menos la cívicamente activa) atenta que rechaza las conductas inaceptables, especialmente la corrupción, la impunidad y la falta de respeto a los ciudadanos por parte del poder. La mala es que las razones del descontento hablan de un sistema político que trata de subordinarlos, mantenerlos en calidad de súbditos llamados a votar y, luego, a retirarse de la política. El tono de las (pre)campañas políticas lo refleja: los spots aluden a los ciudadanos y los repelen de inmediato: por arte de magia los ciudadanos se truecan en candidatos. Y otro tanto pasa con la sociedad civil. La mayor parte de ella se siente (y se cree) exterior al sistema político porque el poder político se resiste a admitirla, o la repele porque cuestiona sus intereses creados. Por consiguiente, secuestra la política mientras la sociedad civil se concentra en acciones muy relevantes de “choque”, que sólo esporádicamente penetran la membrana del poder a través de algún cambio legislativo o de política pública. Sin embargo, no penetra de lleno la membrana; no logra equilibrar el poder a partir y dentro de la acción política.

Las reformas políticas que regularon la pluralidad tuvieron como principio fomentar el desarrollo de un sistema de partidos fuerte para evitar regresiones al monopartidismo. Ahí lo tenemos, pero en su entraña venía la semilla de su descarrilamiento. En una sociedad civil con una cultura democrática de pésima calidad, el sistema de partidos se entregó a las prácticas corruptas del viejo sistema. Los partidos dejaron de lado su función de representación de los ciudadanos para asumir el papel de auxiliares del gobierno. Esta es una tendencia mundial que deriva de la afirmación de la evolución del Poder Ejecutivo para imponerse al parlamento que, en el pasado, jugó eficazmente la función representativa de los ciudadanos (Pierre Rosanvallon, El buen gobierno). Hoy en día esa función está diluida y para darle nueva vida hay que olvidarse de que los partidos políticos la retomen. Por el contrario, es necesario multiplicar las iniciativas de organización de los ciudadanos en múltiples asociaciones de intereses que tengan como objetivo hacer política dentro y no fuera del sistema político: penetrar sus esferas, inyectarle sus discursos, sus intereses y sus movilizaciones; hacerse presentes para contrarrestar el peso de los partidos que estructuralmente han dado la espalda a la sociedad, excepto para pedirle y luego expropiarle sus votos. Y esto ocurre así porque el Poder Legislativo se ha convertido en un auxiliar del Poder Ejecutivo, perdiendo su capacidad representativa.

El dilema es patente. Los partidos son una de las causas de la crisis de representación. Si queremos que la democracia avance hacia nuevos estadios de desarrollo (y esto no es privativo de México), es necesario que la sociedad participe activamente en la creación de instituciones, leyes y políticas públicas, y que se erija en parte del sistema de pesos y contrapesos —que los parlamentos sólo ejercen en los juegos de poder. Las organizaciones de la sociedad civil tienen, además, otra agenda pendiente: presionar a los medios de comunicación para que se deslinden de los poderes políticos y económicos, única forma de que produzcan información veraz y deliberación pública que permita que el ciudadano se ilustre y actúe en consecuencia en los asuntos públicos y privados.

En suma, el dilema de la sociedad civil es permanecer “al margen” del sistema político o entrar de lleno en él. La primera visión la condena a la acción marginal y a la mística de su exclusión, la segunda le permitiría aventurarse en los laberintos de la política para dibujar un nuevo mapa del poder en la que quede incluida y donde marque su huella para ser tomada en cuenta y representar los intereses que los partidos han dejado de lado.

Director de Flacso en México.
@ pacovaldesu