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20/02/2018
02:08
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Ante la realidad que se vive en nuestro país, donde es innegable el daño que genera la delincuencia, es cada vez más frecuente que nos preguntemos cómo reducir los índices delictivos y la violencia que día a día afectan el desarrollo de nuestras comunidades.

El consenso entre expertos y organizaciones de la sociedad civil radica en que, para combatir la delincuencia y reducir los niveles de violencia, se requiere contar con instituciones sólidas que operan apegadas a derecho, que busquen servir a los ciudadanos y rindan cuentas a la sociedad.

Aunque este análisis haya sido repetido varias veces, haya sido aceptado por la mayor parte de ciudadanos y autoridades, y haya sido parte de los planes y programas de gobierno de por lo menos los últimos 30 años, cotidianamente contamos con evidencia que nos muestra que las instituciones operan al servicio de la voluntad de la autoridad, carecen de independencia en la toma de decisiones –que debería llevar a una estricta aplicación de la ley- y no cuentan con la capacitación ni los insumos suficientes para ser eficaces y eficientes.

Dicho de otra manera, la corrupción es la que debilita las instituciones que son usadas para beneficiar fines privados, en vez de atender las necesidades sociales.

Combatir la corrupción, reconstruir las instituciones y generar confianza en los ciudadanos no es tarea sencilla. Desde la sociedad civil, un colectivo de organizaciones coincidimos en que los mínimos para lograrlo incluyen la cristalización de un verdadero servicio civil de carrera sustentado en perfiles, indicadores de desempeño, indicadores de resultado que premie a los mejores, que dé certeza y proteja el futuro del funcionario y de su familia con retribuciones salariales justas, que permitan una vida digna, cargas laborales realistas y horarios de trabajo que consientan el pleno desarrollo de la persona en su contexto familiar.

Requerimos de la plena puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que implica la asignación de recursos para poder cumplir esta tarea, así como independencia y autonomía de la fiscalía, el nombramiento del fiscal especializado y de los jueces, la inclusión en el Sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es indispensable un plan de colaboración con los otros órdenes de gobierno para la supervisión del gasto público, examinando su eficiencia, eficacia, oportunidad y coherencia. Es fundamental impulsar un programa que agilice los trámites gubernamentales, revise qué tanto unos se contraponen a otros y si existen reglamentos y normas que favorecen o debilitan el respeto de la ley en ciudadanos y autoridades.

Así como diversas encuestas de percepción y confianza institucional lo han señalado, los mexicanos no confiamos en instituciones ni funcionarios porque pensamos que no están al servicio de nuestras necesidades, que su actuar no produce resultados y que cuando nos acercamos a las instituciones ponemos en riesgo la integridad de nuestro patrimonio o la personal.

En la medida en la que un Estado sea capaz de demostrar que opera apegado a la ley, respeta y protege los derechos de las personas y de la sociedad, entonces logra generar confianza. El reto precisamente radica en que hoy sobran evidencias de autoridades coludidas con la delincuencia o que directamente operan como delincuentes.

Este fin de semana nos enteramos de dos casos que muestran cómo opera la corrupción en las instituciones, cómo pervierte su razón de ser y debilita la confianza que podamos tener en ellas.

Por un lado, gracias al primer proceso judicial iniciado por desaparición forzada en contra de 19 ex servidores públicos, tuvimos pleno conocimiento de la operación de un grupo de policías como escuadrón de la muerte en el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, donde la autoridad desapareció a personas que, sin un juicio, fueron consideradas sospechosas de haber cometido delitos.

Por otro lado, en Jalisco tres ciudadanos italianos se encuentran desaparecidos, con indicios de ser víctimas de una desaparición forzada por parte de la policía local.

Para combatir la corrupción en las instituciones, es fundamental comprender hasta qué punto se encuentran penetradas por la delincuencia organizada. Si los mexicanos no confiamos, no es por paranoia, es que sobra evidencia de cómo el Estado es operado en contra de la población.

Por ello, debemos comenzar por reconocer que, al tiempo en que la administración pública opera con excelentes funcionarios, también aglutina a servidores públicos dedicados a violentar los derechos de las personas. La corrupción se mueve al interior de las instituciones en diferentes sentidos y niveles, y si no contamos con indicadores de desempeño y resultado, con perfiles claros y procesos de carrera sustentados, será difícil separar a los servidores públicos buenos, de los ineficientes y de los delincuentes.

Para nuestros candidatos de elección popular que en estos días hablan de corrupción y que a lo largo del país buscarán ser titulares del Ejecutivo o ser legisladores, es fundamental exigirles que expliquen puntualmente qué piensan hacer, porque la corrupción no se combate con dichos o buenas intenciones. El reto es titánico y la corrupción sigue matando.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano. @frarivasCoL @ObsNalCiudadano
 

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