Con base en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2017 fue el año más violento en la historia reciente.

Los aumentos son generalizados respecto al número de delitos que ven crecer su incidencia y respecto al número de entidades que vieron empeorar las condiciones de seguridad en su territorio.

Si comparamos el periodo enero-noviembre de 2016 contra el mismo periodo de 2017, el homicidio doloso creció 22.13%; el homicidio culposo, 3.63%; la extorsión, 9.25%; el robo con violencia, 36.30%; el de vehículo, 15.17%; el hurto a casa habitación, 1.14%, el robo a negocio, 30.16%, y el ilícito contra el transeúnte, 27.96%. En contraste, disminuye el secuestro 4.79% y la violación, 1.73%.

En particular, si volteamos a ver el dato de robo a negocio, encontramos que la tasa de incidencia de este delito se encuentra en su máximo histórico. Hasta ese momento, 2011 había reportado la mayor tasa de robo a negocio de 69.3 por cada 100 mil habitantes, cuando tan sólo en los primeros 11 meses de 2017 la tasa fue de 69.4.

Las entidades que reportan las mayores tasas son, respectivamente: Tabasco, Baja California, Ciudad de México, Querétaro y Quintana Roo. En Tabasco y Baja California, la tasa de incidencia de este delito es del triple respecto a la nacional y en Ciudad de México, Querétaro y Quintana Roo la tasa es de más del doble.

Estos datos deberían llevarnos a una profunda reflexión sobre los niveles de incidencia delictiva, inseguridad y violencia que se están viviendo en el país.

Si bien es común analizar y evaluar las condiciones del país con base en el número de homicidios dolosos, los datos de robo a negocio nos marcan un problema grave de debilidad de las instituciones de seguridad locales para prevenir y sancionar los delitos que se cometen en el país, así como de políticas públicas nacionales y locales que inhiban la comisión de delitos.

Parte de las causas que fungen como incentivo para el aumento de los delitos es la deficiencia de políticas que inhiban la comercialización de los bienes obtenidos ilícitamente, puesto que, a través de los mercados informales o ilícitos, los bienes robados se pueden comercializar fácilmente.

Si se quiere combatir el robo, es indispensable partir de la regulación de las casas de empeño, supervisar mercados y tianguis, así como aumentar el uso de inteligencia para combatir la venta de bienes obtenidos ilícitamente. Otro factor clave es el combate al tráfico y al comercio ilegal de armas de fuego. Si bien la mayor parte de robos a negocio se cometen sin violencia, el uso de arma de fuego para ejecutar el robo cada vez se da con mayor frecuencia.

Otro aspecto que se debe analizar es el significado de que, en nuestra sociedad, la comisión de delitos sea considerada una opción para enfrentar la pobreza, el hambre y la desigualdad. ¿Qué significa que una sociedad se arme y opte por violar los derechos de otra persona? ¿Qué implica tener una sociedad donde la violencia y los delitos son cotidianos? Los mexicanos nos hemos acostumbrado a vivir en un contexto inseguro y violento en donde no sorprende saber que alguien fue víctima de un delito.

Y el contexto de inseguridad y violencia no empuja a la sociedad a buscar políticas efectivas que promuevan igualdad de oportunidades y desarrollo dentro de la ley para todos. Parte del combate a los delitos debe incluir un plan de desarrollo económico, social y educativo que fomente un piso parejo para todos los mexicanos.

2017 termina como el peor año de la historia reciente en materia de homicidio doloso y robo a negocio, en un contexto de aumento generalizado de la incidencia delictiva en todo el país. Con miras al proceso electoral de este año, los candidatos deben considerar las consecuencias de un país donde la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales de los ciudadanos no son respetados.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

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