Uno de los aspectos característicos del proceso de transición democrática ha sido, sin duda, los constantes cambios a la normatividad electoral, cada vez más robusta, compleja y de difícil procesamiento, lo que en apariencia resultaría en mejores condiciones para la planeación, la organización, el desarrollo y la ejecución de las elecciones en nuestro país. Sin embargo, la realidad es otra.

Las elecciones siempre están llenas de cuestionamientos por múltiples factores, más crecientemente desde la reforma electoral de 1977. Antes sólo contábamos un sistema rígido, cerrado y vertical; con esta reforma se da paso a una apertura política que permitió una mayor representación política, en donde el reclamo fue por aquellos años abrir el sistema político lo que llevó a generar en 1986 la duplicación de legisladores por el principio de representación proporcional al pasar de 100 a 200 espacios, dejando 300 a elegirse por el sistema de mayoría relativa, tal y como funciona hasta el día de hoy. También, entre otras aportaciones importantes, se dio atención a una serie de demandas al crear una instancia jurisdiccional que resolviera las resoluciones de la autoridad electoral administrativa.

Luego de la crisis del proceso electoral federal por la Presidencia de la República en 1988, se establece una nueva normatividad electoral que, entre otros aspectos, dio vida al otrora IFE, a un nuevo padrón y listas nominales de electores y su consecuente credencial para votar. Los cuestionamientos entonces giraban justamente en la conformación tanto del padrón como de las listas de electores; hubo hasta un debate televisivo entre el que era el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Carlos Almada, y Samuel del Villar, entonces representante del PRD ante el Consejo General del IFE, para debatir sobre empadronados, homónimos, entre otros aspectos.

Otras reformas y con ello nuevos esquemas electorales han surgido desde entonces al marco electoral, hasta la más reciente reforma constitucional de 2014, materializada con leyes secundarias en 2015. No obstante, los cuestionamientos siguen y la historia nos dice que seguirán. Entre los más destacados está sin duda, el alto financiamiento público que reciben los partidos políticos, sin duda es una de las tareas pendientes por revisar por parte de los próximos legisladores.

Otro de los temas cuestionados, es la fiscalización que lleva a cabo el INE, sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos y candidatos independientes, para algunos excesiva, pero para otros incompleta. Este tema generalmente termina definiéndose en los Tribunales.

Ni qué decir de la preocupación del INE para blindar las ya muy cercanas campañas electorales del financiamiento del crimen organizado. Este sin duda será tema de análisis de la elección.

Los escándalos de la filtración de datos personales según han reportado diversos medios de comunicación debe ser un tema de preocupación, o los intentos por limitar la libertad de expresión, o bien las críticas constantes y muchas veces sin fundamento a las instituciones encargadas de las elecciones, son referentes que se deben cuidar.

Pero el mayor desafío que enfrentarán las autoridades electorales, ante las elecciones federales y locales mayores de nuestra historia, y muchas de ellas competidas, serán los cuestionamientos a los resultados electorales lo que terminará en tribunales y de ahí a esperar las reacciones de actores que suelen en ocasiones no aceptar los veredictos legales. Algunos de estos actores, por cierto, fueron los legisladores que en su oportunidad aprobaron las reglas del juego electoral.

Ante este panorama el ciudadano queda en medio y pareciera que se le genera un ambiente hostil que no debemos permitir. Su voto es la razón de ser de nuestra democracia y es aquí donde debemos llegar explicando con claridad la importancia de las elecciones más allá de los cuestionamientos, que al final deberán aclararse por las vías institucionales y legales.

Analista político. @fdodiaznaranjo

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