Una larga lucha ha librado la sociedad mexicana por obtener derechos que paulatinamente se han ido integrando en nuestra norma constitucional y, consecuentemente, en leyes secundarias. En este sentido, una de las exigencias ha sido la búsqueda por alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Entre otros hechos, en 1937 Lázaro Cárdenas turnó a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma constitucional para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1946, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso reformar la Constitución para que la mujer pudiera votar en elecciones. En 1947 se logró su derecho a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales. Con estos antecedentes, en 1953 la mujer obtiene el derecho de votar y ser candidatas en las elecciones nacionales a través del voto libre, secreto y universal.

Desde entonces muchos han sido los esfuerzos de la sociedad, de algunos partidos políticos, de diversos legisladores y de líderes de opinión por ir conformando una sociedad más igualitaria. Esto llevó a que el tortuoso y largo camino por derechos igualitarios transitara por las llamadas cuotas de género que, por ejemplo, en 1996 establecía un 70% de legisladores de un mismo género. Después en 2007 pasamos a las cuotas del 60-40. En 2008 la mal llamada “equidad de género” se transforma en “paridad de género”, en donde los partidos “procuraron” cumplirla.

Ha sido importante en la construcción por alcanzar dicha igualdad los estudios, análisis y criterios establecidos por las instancias electorales. Así el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha sido pieza angular en sus resoluciones para alcanzar dicha igualdad.

Con la reforma constitucional de 2014 se establece el principio de paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Con este principio se ha abierto una escalada importante hacia la tan anhelada igualdad de derechos. Pero un paso por demás fundamental e histórico se dio en este mes de mayo de 2019 y que será recordado como un día importante en la consolidación de la paridad de género, no sólo en el ámbito político electoral, sino en el conjunto de toda una estructura político social.

La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, un buen referente del trabajo legislativo, presentó un dictamen para modificar 9 artículos de nuestra Constitución que determina que la paridad de género ahora también se constituya tanto en el gobierno federal como en las estructuras respectivas de las entidades federativas, lo que resultará en gabinetes paritarios, incluyendo la integración de los ayuntamientos. Pero este dictamen alcanza otros horizontes como el Poder Judicial, en donde los órganos jurisdiccionales cambiarían su composición y, con ello, seguramente la visión de la mujer estará integrada en todos los actos y resoluciones respectivas.

Los órganos jurisdiccionales van a cambiar, la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados ahora serán también magistradas electorales, agrarias, de justicia administrativa, etc. Esta gran iniciativa también alcanza a los llamados órganos autónomos tales como el IINAI, el INE, el INEGI, el Banco de México, la Comisión de Competencia Económica, entre otros. Este logro legislativo, acompañado del análisis de otras iniciativas que presentaron diversos legisladores, fue avalado por todos los partidos políticos representados en el Senado de la República, y con ello, complementa el esfuerzo que muchas mujeres y, hombres también, han realizado en aras de contar con una sociedad no solamente más igualitaria, sino también más justa. Ahora, el camino para la materialización de lo logrado por el Senado de la República dependerá no sólo del legislativo, sino de todas las instancias involucradas de las que estoy seguro ejecutarán con prontitud y esmero las acciones que lleven a que la paridad de género sea una realidad en nuestro país. ¡Así sea!

Analista político. @fdodiaznaranjo

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