En 2018 se deberá definir con claridad la postura de los candidatos frente a la sociedad civil organizada.

Es muy ilustrativa la información del Inegi sobre la aportación del sector no lucrativo al Producto Interno Bruto: 3.1 por ciento del PIB y creciendo.

¿Por qué esto es muy bueno?

Porque es claro reflejo del compromiso de las organizaciones con temas sensibles de la sociedad.

Muchas veces, por ser problemas específicos, no son alcanzados por las políticas públicas. Por ejemplo, en salud los esfuerzos se canalizan mayoritariamente a la diabetes por el gran número de enfermos, pero poco para la estimulación temprana de bebés con parálisis cerebral o síndrome de down.

Si los gobiernos comprenden la importancia de la sociedad civil organizada, habrá complementariedad en la atención de problemas sociales, económicos y ambientales.

Aunque no parezca, hay gobernantes que, no obstante los resultados tangibles de las organizaciones no gubernamentales, piensan que no debe apoyárseles porque sus tareas sólo debe desarrollarlas el gobierno.

Algunos secretarios de los últimos sexenios señalan que “las ONGs quieren ser gobierno” y que sólo sirven para “evadir impuestos o lavar dinero”.

Pobre criterio, atrasada y mal informada visión que ignora que el mundo cambió.

Hay que reconocer que, muchas veces, la falta de atención a diversos temas no es sólo problema del gobierno, sino nuevo reto de la complejidad de la sociedad moderna.

Cada vez hay más especificidades; cada vez hay más focalización y el sector público tiene un tramo de control más grande y por lo mismo, no puede atenderlo todo.

Es ahí cuando aparece la sociedad civil organizada, con tal fuerza, que en 2015 este sector generó 116 mil millones de pesos exclusivamente de trabajo voluntario. La expresión en número de personas es de casi 2 millones de mexican@s que trabajan voluntariamente en miles de organizaciones.

Si incorporamos también el trabajo no lucrativo existente en los sectores público y privado, rebasamos los 520 mil millones de pesos anuales. Por ello este sector requiere estar en la agenda de los candidatos, porque la relación gobierno-sociedad civil, es algo que llegó para quedarse.

Ya se empieza a vislumbrar un cambio cultural enarbolado por los millennials, quienes empiezan a tomar la actividad productiva y tienen muy claro dos temas: el social y el ambiental, y en ambos quieren cambios profundos para lograr una sociedad sustentable.

En la medida en que más gente se comprometa a resolver problemas sociales, a participar en mejorar la educación, en innovar en salud, en desarrollar capacidades, en denunciar corrupción, crear centros de capacitación, defensoría de derechos humanos —todo lo que hacen las organizaciones sociales— habrá un desarrollo más equilibrado.

Este sector puede dar continuidad a las políticas. Si una organización se dedica a la educación, lo hará por 20 o 30 años y no por seis o tres años.

Dejemos de pensar que lo público, los bienes comunes, lo social y ambiental es solamente esfera gubernamental. El espacio de gobierno es uno, pero en lo público caben sociedad y gobierno aliados.

Presidente ejecutivo de Fundación Azteca

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