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A un mes y medio de su creación, la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), principal apuesta del gobierno estatal para sacar adelante obras de infraestructura con participación de capital privado, acumula cuestionamientos.
El organismo nació el 15 de junio y el decreto que le dio vida se publicó el 29 de ese mes en el Periódico Oficial de Quintana Roo; la designación de su titular se dio prácticamente en secreto al día siguiente, pues no se hizo público quién llevaría las riendas de la dependencia gubernamental.
El elegido como director de la Agepro fue el arquitecto Eduardo Ortiz Jasso, quien enfrenta una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, impuesta por la Contraloría del ayuntamiento de Benito Juárez en marzo de 2014, sanción que vence en 2019.
Ortiz Jasso recurrió a la Sala Constitucional Administrativa del Tribunal Superior de Justicia estatal para impugnar la inhabilitación, pues según el arquitecto, al no existir sentencia firme, no está impedido para desempeñar cargos públicos; no obstante, a decir de abogados consultados, sí está vigente
Por esa razón, el gobernador Carlos Joaquín González fue denunciado el 24 de julio pasado ante la Contraloría estatal, por la organización Somos Tus Ojos, por haber expedido el nombramiento a favor de un funcionario inhabilitado. Además, interpuso un amparo en contra del nombramiento, desechado al día siguiente por el Juzgado Segundo de Distrito, afirmando que la organización carecía de “interés legítimo” en el tema.
Movimientos anticipados.
El 26 de julio pasado, Ortiz Jasso convocó a la Junta de Gobierno –órgano deliberativo de la Agepro– para sesionar y ratificar la donación de predios al municipio de Puerto Morelos, conforme al acta del Consejo Directivo del 13 de julio de 2016 del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), el organismo mediante el cual el ex gobernador Roberto Borge habría rematado patrimonio territorial por un valor comercial de más de 5 mil millones de pesos.
En el orden del día figuraba también la “afectación” de un predio de 20 mil metros cuadrados en la reserva territorial en el municipio de Benito Juárez y la adquisición de un predio de 26 mil 372.89 metros cuadrados, mediante un contrato de permuta, para destinarlo como acceso a un Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, en el municipio de Othón P. Blanco. La solicitud de adquisición corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), el 18 de abril pasado, pero no se sabe qué funcionario la realiza.
En los documentos que se enviaron al entonces titular del IPAE, Carlos Flores Hidalgo, para informarle del diseño del proyecto, requerirle las cedulas catastrales y “la definición del predio marcado con la leyenda ‘requerido’”, hay una firma, pero ningún nombre.
En dicha sesión también se pretendía autorizar la adquisición de un predio de mil 261.42 metros cuadrados, mediante contrato de compra-venta, para construir ahí un filtro de control policial, en la comunidad de Huay-Pix, también en Othón P. Blanco. La solicitud la hizo la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Todos los movimientos anteriores se autorizarían en la sesión del 26 de julio, sin que la agencia posea aún su reglamento y lineamientos de operación; la Junta de Gobierno tampoco está completa, pues falta designar a los tres ciudadanos que habrán de formar parte de ella, y el Comité Asesor de la junta tampoco ha sido conformado.
La Secretaría de la Contraloría del estado de Quintana Roo intervino para frenar la sesión, pues no existían condiciones jurídicas para cumplir con el orden del día sin incurrir en responsabilidad, declaró el contralor Rafael del Pozo Dergal.
El funcionario confirmó en entrevista que “evidentemente era imposible y que no se puede pasar a tomar decisiones, si todavía no existe la normatividad, porque no podemos cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y que es de la mayor relevancia que la agencia trabaje desde el día uno con los ciudadanos en la toma de decisiones”.
El lunes pasado la sesión se concretó, pero sólo para autorizar la estructura orgánica de la agencia, el plan de trabajo para el diseño del reglamento y lineamientos internos y la revocación de poderes que poseía el extinto IPAE, que al desaparecer, transferirá sus facultades jurídicas e inmobiliarias a la Agepro, coincidieron Del Pozo y Ortiz Jasso, entrevistados por separado.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ortiz Jasso primero negó que se hubiera programado una sesión previa a la del lunes; luego lo aceptó y dijo que, con la instalación de la Junta de Gobierno de la Agencia, se trabajará en la realización del reglamento interno y de los lineamientos del comité asesor, que estarán listos en este mes.
Segunda inhabilitación.
El gobierno municipal de Cancún informó que Ortiz Jasso enfrenta una segunda inhabilitación por un año por inconsistencias en el proceso de entrega-recepción del Instituto Municipal de Planeación.
La sanción fue impuesta en 2015, de acuerdo con el expediente 75/ 2014, indicó el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Brahms.
Señaló que Ortiz Jasso interpuso un recurso de reconsideración o revocación, que está por se resuelto por al alcalde, Remberto Estrada. Dijo que para el ayuntamiento Ortiz Jasso está inhabilitado, porque la Contraloría y luego la presidencia municipal le negaron la suspensión, cuando interpuso el recurso de revocación en 2014, que se ratificó en julio de 2016.
El funconario municipal precisó que Ortiz Jasso mantiene a salvo sus derechos para recurrir a otras instancias y combatir las dos sanciones.
Cuestionado sobre si se informó al gobierno del estado sobre esta segunda inhabilitación, Ortiz Jasso evadió responder y dijo que aún “no hay sentencia firme y por tanto no hay sanción […] todos los temas legales los llevan mis abogados”.
En realidad, no lo informó. No al menos a la Contraloría, cuyo titular, Rafael del Pozo, declaró desconocer de esa nueva sanción. “Yo solamente conozco la que se ha manejado estos días, que es de cinco años. Esa es la única que yo conozco. “Si hubiera otra tendría, la autoridad que la impuso, notificar a la Contraloría [estatal]”, expresó.
