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Guerrero: periodismo bajo fuego

Reporteros de Guerrero han sido agredidos con disparos, amenazas, el hostigamiento, el robo, insultos y la descalificación, pese a ellos los comunicadores no están dispuestos a dejar de informar
05/07/2017
09:40
Arturo de Dios Palma
Guerrero
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Los reporteros en Guerrero trabajan bajo el fuego. Se mueven en zonas donde políticos y grupos delictivos han impuesto el silencio y la autocensura carcome sus textos.

Del 13 de mayo al 27 de junio —en 40 días— han sido agredidos 20 reporteros y sus agresores están identificados: gobernantes, funcionarios, policías e integrantes del crimen organizado.

Las agresiones van desde los disparos, pasan por el encañonamiento, la amenaza, el hostigamiento, el robo, hasta llegar al insulto y la descalificación.

Pese a eso, muchos no están dispuestos a dejar de informar, ni a que gane la impunidad y, menos, a que se imponga la barbarie.

Guerrero es el lugar donde la muerte no comprende de límites: está en todos lados. En 2016 ocurrieron 2 mil 213 muertes violentas y en este 2017 ya suman más de mil 400, según recuentos periodísticos.

Los reporteros, como los demás guerrerenses, siempre están cerca de la violencia, de la muerte.

Informar esta realidad se ha convertido en sinónimo de riesgo y peligro. Hacerlo de manera independiente y crítica conduce a un camino: la agresión.

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Israel Flores está en la línea telefónica. Está enlazado con sus compañeros que celebran una asamblea de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (Apeg) en Chilpancingo. Le preguntan por las condiciones en que se realiza el periodismo en una de las zonas más violentas de Guerrero: la Tierra Caliente.

Israel es el corresponsal del diario El Sur y también es reportero del periódico local el Despertar del Sur. Desde hace años ha reportado cientos de muertes, enfrentamientos, secuestros y la descomposición en una zona donde la las armas y los armados se han impuesto. Ahora, es de los pocos que reporta de cerca la disputa que libran Los Tequileros y la Familia michoacana.

Antes de responder, Israel explica porque no llegó a la asamblea de la Apeg: por ahora entrar y salir de esa región es un peligro. Sus palabras tienen sustento: las carreteras son controladas por los grupos delictivos. Un ejemplo: el pasado 13 de mayo en la carretera Iguala–Tierra Caliente, a la altura del municipio de Acapetlahuaya, 100 hombres armados detuvieron a siete reporteros que salían de la zona después de cubrir los bloqueos que supuestamente realizaron delincuentes.

Los armados les hicieron el alto y después les quitaron todo: cámaras fotográficas, de video, documentos personales, grabadoras, computadoras, celulares, dinero y una camioneta.

Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, llegaron solos y sin ayuda hasta Chilpancingo en la única camioneta que les dejaron los criminales.

En esa misma zona, el pasado 3 de marzo, hombres armados asesinaron al reportero Cecilio Pineda Brito. Cecilio estaba acostado en una hamaca esperando que le entregaran su carro en un autolavado, cuando le dispararon en dos ocasiones. Cecilio ya había esquivado la muerte en una ocasión, pero la amenaza estuvo presente hasta que se cumplió.

En ese contexto, Israel informa todos los días. Dice que se siente amenazado y que junto con sus compañeros han tomado como medida de protección la autocensura.

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Este domingo la Apeg realizó su asamblea de refundación. Durante varios años estuvo desactivada, pero sus integrantes decidieron darle vida por una razón fundamental: hacerle frente a los crímenes, ataques y agresiones en contra de reporteros.

“No pensamos ir a escondernos abajo de la cama; sabemos la importancia de hacer efectivo el derecho a la información de toda la sociedad, y estamos dispuestos a asumir el reto de continuar con nuestra labor”, dice Zacarías Cervantes, el vocero de la Apeg.

Los integrantes de la Apeg tienen claro el origen de las agresiones: la impunidad. Cervantes lo explica. “En casi todas las agresiones en contra de reporteros hay un común denominador: la impunidad, la protección y complicidad de la autoridades con los agresores”.

En Guerrero, el gobierno del estado ha anunciado la creación de un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, similar al que opera la Secretaría de Gobernación (Segob).

Cervantes dice que en Guerrero los periodistas no piden un mecanismo especial de protección, sino fin a la impunidad y castigo a los culpables para evitar la repetición de los agravios.

“Que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia, en esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”.

En el gobierno de Héctor Astudillo Flores la impunidad en los ataques en contra de los periodistas ha predominado. El asesinato de Francisco Pacheco Beltrán [abril de 2016] y de Cecilio Pineda [marzo de 2017], siguen impunes y de la investigación poco se sabe. La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado nada al respecto.

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“Tuve miedo de que se les fuera a salir una bala, estaban muy nerviosos por el enfrentamiento”, cuenta Leonardo Martínez Peralta cómo tres policías estales le apuntaron en la cabeza y el estomago para exigirle que borrara las fotos que había tomado del enfrentamiento que tuvieron con hombres armados en la colonia El Embalse, en Zihuatanejo, en la Costa Grande.

La noche del lunes 5 de junio, Leonardo estaba en la casa de sus padres, cuando escuchó balazos. Los tiros eran por la zona Industrial, por la colonia Galeana, escuchó cómo minutos a minutos los tiros se oían más nítidos pero sobre todo más cerca. El enfrentamiento quedó frente a su casa.

Salió a tomar fotografías y video de cuando los policías estatales se llevaban el carro que manejaban los hombres con lo que se enfrentaron.

Un agente se dio cuenta de que lo estaban fotografiando; se bajó y con su arma en la mano se les acercó con otros dos más. Los tres se fueron encima a Leonardo: uno le puso el rifle en la cabeza, otro en el estomago y el tercero se colocó por la espalda.

En los últimos días en la región de la Costa Grande, seis reporteros ha sido violentados por distintos agresores y de distinta forma. El 19 de mayo a través de las redes sociales el alcalde, Gustavo García Bello, denostó el trabajo periodístico de los reporteros Noé Aguirre, Hercilia Castro, Ruth Tamayo y Jaime Ojendiz.

Al alcalde le molestó la cobertura que hicieron sobre la detención de 60 policías municipales por supuestos vínculos con grupos delictivos. Al final sólo a 20 se les vinculó a proceso por el delito delincuencia organizada.

En esa misma zona reportea, Brenda Escobar, corresponsal de El Sur. Brenda ahora lleva consigo un botón de pánico.

La reportera comenzó a recibir amenazas de familiares del acusado de la desaparición y asesinato de la directora de varias clínicas del Imss en la Costa Grande, Adela Rivas Obé. Una ocasión, Brenda fue amenazada por los familiares en frente de agentes de la Policía Estatal.

En esta región se está haciendo costumbre que funcionarios impidan el acceso a conferencia de prensa a reporteros o, incluso, a hospitales.

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Otras agresiones. 27 de junio. “Pronto te va tocar como le tocó a Cecilio [Pineda Brito] por hocicones y ser periodistas”, le escribió en su cuenta de Facebook Cuauhtémoc Salgado Arroyo, el hijo el diputado local y ex dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, al reportero Agustín Hernández de Ciudad Altamirano, Tierra Caliente.

27 de junio. En las oficinas de la delegación del Issste en Acapulco, funcionarios no dejaron que el reportero Héctor Briseño realizara su labor porque iba “sudoroso”. El corresponsal del diario La Jornada en el puerto denunció la obstrucción, y los trabajadores del Issste respondieron: “este reporterillo de quinta, lo primero que debería de
preocuparse es por lo hediondo y sudado que andaba…ahora entiendo porque los matan… son rechismosos”, le escribieron este mensaje acompañado de su foto en las
redes sociales.

24 de junio. A las instalaciones del diario Alternativo de la Costa chica fueron allanadas por personas desconocidos, sin que se llevaran algo. De manera colectiva, los integrantes de este medio están integrados al Mecanismo de Protección Defensores de Derechos Humanos y Periodista de la Sebog después que policías ciudadanos de la Upoeg agredieran a la reportera Yanely Feuntes.

El 11 de junio. El corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.

3 de junio. A la locutora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, hombres armados le dispararon en varios ocasiones cuando salía de su programada de radio en Ometepec, Costa chica. Uno de los tiros le dio en boca. De Jesús Natalia se restablece en un hospital.

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