Tribunal ordena a secretarías frenar obras de gasoducto

Pueblo de Bácum lleva a juzgado su inconformidad por la obra; la construcción atravesaría por los ocho pueblos yaquis
Hay comunidades donde el gasoducto está a menos de un kilómetro y un accidente, como una explosión, acabaría con la población (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
27/07/2017
01:20
Amalia Escobar / Corresponsal
Loma de Bácum
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estadoseluniversal.com.mx

Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Electricidad (CFE), gobierno de Sonora, de los municipios de Guaymas, Cajeme y Bácum que cumplan con las medidas cautelares descritas en el amparo 312/2016 para frenar la obra del Gasoducto Guaymas-El Oro que atraviesa por los ocho pueblos yaquis.

El mandato fue emitido el 30 de junio, sin embargo, hasta el 19 de julio se notificó a los gobiernos involucrados acatar la orden judicial de detener las obras en territorio yaqui, y ayer se dio a conocer a la prensa.

El resolutivo advierte que caerá el peso de la justicia federal sobre las autoridades señaladas que permitan o toleren que la empresa continúe haciendo trabajos en esa zona de la tribu yaqui.

El pueblo llevó ante los tribunales federales su inconformidad debido al paso de un gasoducto por la reserva, en tanto no se realizara una consulta pública. Al inicio de la obra interpuso una demanda de amparo, ésta fue resuelta a su favor.

“Se concede de oficio y de plano la suspensión de los actos de ejecución cuestionados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren y no se ejecute dentro de cualquier fracción del territorio colectivo perteneciente a la comunidad indígena Loma de Bacum alguna obra...”

Es decir, la infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas-El Oro, relacionado con el permiso G/311/TRA/2013 expedido por la Comisión Reguladora de Energía, según la resolución emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, el 6 de abril del año pasado. Sin embargo, la empresa no paró la obra, y ello provocó que el 21 de octubre de 2016, se enfrentaran alrededor de 600 yaquis con el saldo de una persona muerta, ocho heridas y 13 vehículos incendiados. El domingo 21 de mayo del 2017, decenas de integrantes de la etnia acordaron desmantelar la contrucción con el argumento de que se encuentra dentro de su propiedad y la compañía prosiguió con las obras en desacato a la resolución judicial.

Amparo. En el recurso se habla de un terreno comunal reconocido por el Estado Mexicano en 1940 y aún cuando siete autoridades tradicionales hayan dado su consentimiento, las decisiones se toman por unanimidad de los ocho pueblos, dijo Rodrigo González, asesor de la etnia.

La reserva yaqui, de 485 mil hectáreas que constituyen el territorio ancestral, está asentada en el sur de Sonora; habitan 35 mil personas y pertenecen a tres municipios diferentes: Pueblo de Vícam Primera Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belem, al Municipio de Guaymas Sonora; Loma de Bácum, al Municipio de Bácum y Loma de Guamúchil (Cócorit) al Municipio de Cajeme.

Integrantes de la tribu aseguran que la empresa no sólo está violando la decisión de una juez federal, sino también ha cometido una serie de atropellos contra la tribu como son daños materiales a casas, parcelas, cerro del Boca Abierta, arroyos, zanjas, deforestación, corte de plantas medicinales, de pastoreo, agostadero, daño ambiental, afectación social, cultural, religiosa y cosmogónica.

Además, hay comunidades donde el gasoducto está a menos de un kilómetro y un accidente, como una explosión, acabaría con parte de
la población.

 

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