El gobierno de Quintana Roo nombró como titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro), un nuevo organismo creado para la administración y enajenación de bienes inmuebles y reservas territoriales estatales, a un ex funcionario municipal de Cancún, inhabilitado en 2014 para ejercer cargos en el servicio público durante cinco años.

Se trata del ex director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) del ayuntamiento de Benito Juárez, Eduardo Ortiz Jasso, quien lleva casi tres años combatiendo dicha sanción, impuesta en la administración del entonces alcalde Paul Carrillo, sin haber obtenido la anulación de la misma.

Ortiz Jasso fue castigado por incurrir en omisiones e irregularidades vinculadas con la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU 2013-2030), y alega que el trasfondo de la inhabilitación fue político.

El nombramiento de Ortiz Jasso, en la Agepro, ocurrió casi en secreto. Primero circuló como un trascendido; luego salió a la luz cuando un reportero denunció trás haber sido casi expulsado de un evento en Chetumal por instrucción del funcionario, quien se identificó como director de la agencia.

La Oficialía Mayor confirmó que Ortiz Jasso ocupa el puesto desde el 30 de junio, un día después de que publicado en el Periódico Oficial el decreto de creación de la Agepro y tres días después del juicio promovido por el funcionario el 22 de agosto de 2016, ante la Sala Constitucional de Justicia Administrativa, en la que demanda la nulidad de la inhabilitación que le impuso la Contraloría Municipal en 2014.

¿Inhabilitado o no? El 14 de octubre de ese año, Ortiz Jasso presentó un recurso de revocación que le fue admitido; solicitó la suspensión de la sanción, pero le fue negada. El 21 de julio de 2016 la alcaldía ratificó la inhabilitación.
Ortiz Jasso recurrió a la Sala Constitucional para combatir ambas resoluciones. En agosto de 2016 le concedieron como medida cautelar, en tanto resuelve de fondo, que su nombre no fuera inscrito en el padrón de funcionarios inhabilitados para protegerlo de la estigmatización social y profesional.

La Sala no ha emitido sentencia, pero la inhabilitación subsiste, de acuerdo con tres abogados consultados por EL UNIVERSAL. Ortiz Jasso está y sigue inhabilitado, hasta que la Sala no declare la nulidad de la sanción y por tanto no puede ejercer cargos hasta 2019. Uno de los requisitos para desempeñar la dirección de la Agepro es “no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y no tener cargo de elección al momento de su designación”.

Para el oficial Mayor, Manuel Alamilla, la sanción “no está firme”, lo cual no impide a Ortiz Jasso el desempeño de puestos públicos y argumentó que su nombre no aparece en el listado de funcionarios inhabilitados.

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