Gasta Coahuila 2 mdp en seguridad personal al mes

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Un total de 177 escoltas de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) están comisionados a la seguridad personal de funcionarios y ex funcionarios del Estado, los cuales le cuestan al erario al menos 2 millones 141 mil pesos mensuales.

Según una respuesta a una solicitud de transparencia, la dirección de Recursos Humanos de la PGJE detalló que los elementos asignados como escoltas ganan mensualmente desde 12 mil 100.13 pesos, hasta 29 mil 985.12 pesos, por lo que la cifra de 2 millones 141 mil pesos es tomando en cuenta que el total de los 177 escoltas recibieran el monto más bajo.

Además, los escoltas reciben un apoyo mensual que varía desde los mil 424.44 pesos hasta los 17 mil pesos, dependiendo del riesgo de trabajo de la persona a la que se brinda la seguridad.

En primera instancia EL UNIVERSAL había requerido, vía transparencia, saber la cantidad de escoltas asignados específicamente a ex funcionarios, así como el monto que se erogaba por ellos. Lo anterior debido a que los ex gobernadores de Coahuila, entre ellos Humberto Moreira, señalado varias veces por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento, gozan de una prestación de lujo: escoltas de manera vitalicia pagados con dinero público.

Según el artículo 186 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, artículo que se modificó en 2009, durante la administración de Humberto Moreira, “El Estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos relevantes de seguridad pública y procuración de justicia”.

“Los gobernadores gozarán de seguridad durante el tiempo de su ejercicio y una vez concluido de manera vitalicia. Los demás funcionarios tendrán la seguridad asignada durante el tiempo de su cargo, así como un período igual después de concluido, siempre que las circunstancias no ameriten un periodo mayor”.

Sin embargo, sólo pueden acceder a este privilegio los funcionarios que asumieron el cargo posterior a 2009, como Humberto Moreira; el ex gobernador Jorge Torres López, prófugo de la justicia estadounidense; el ex procurador Jorge Torres Charles o el ex secretario de Gobierno y actual diputado federal, Armando Luna Canales.

Se ingresaron solicitudes a la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Seguridad y la PGJE. La Secretaría de Finanzas respondió que la información la podría tener la Comisión Estatal de Seguridad o la Procuraduría General de Justicia. La Comisión por su parte, reservó el número de escoltas asignados argumentando que ocasionaría “daños en la salvaguarda de las personas e instituciones”. Así mismo, aseguró que el monto de recursos erogados le corresponde a la Secretaría de Finanzas. En un recurso de revisión, la Secretaría de Finanzas concluyó que no era la indicada para informar sobre el recurso erogado.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia no contestó la solicitud en dos ocasiones, por lo que se interpuso un recurso de revisión. Luego de dos meses, respondió la información. No obstante, entregó en general el número de escoltas asignados tanto a funcionarios como ex funcionarios.

Ante la solicitud de información, la Dirección General de la Policía Investigadora que depende de la PGJE, clasificó también como reservado el nombre y cantidad de funcionarios y ex funcionarios sujetos a seguridad personal por parte de la Policía Investigadora o de otra corporación policiaca, al considerar que los pondría en un “estado de vulnerabilidad para ser víctimas de figuras delictiva (…) y pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud”.

Con la reserva se desconoce por ejemplo, si Jorge Torres, quien fue gobernador interino y hoy es buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tiene asignados escoltas, como los 8 que tenían el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington pese a ser prófugo de la justicia en México y Estados Unidos.

De igual manera reservó los nombres y cantidad de personas víctimas, testigos de algún delito, defensores de derechos humanos y periodistas que también tengan escoltas asignados por la PGJE.