Periodistas de Quintana Roo exigieron al Congreso del estado abrogar la llamada Ley Borge y se pronunciaron en contra de mecanismos locales para la protección de comunicadores y activistas.

Afirmaron que el Congreso del Estado debe abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en agosto de 2014, pues “su espíritu fue el de violentar la libertad de expresión y el derecho a la información, además de restringir la labor periodística.

“Lo anterior quedó confirmado con la controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el fallo del máximo tribunal del país, al invalidar varios de sus artículos”, indicó ayer un grupo de comunicadores, con el respaldo de defensores de derechos humanos. La postura se fijó en Cancún, al iniciar el último de tres foros organizados por la 15 Legislatura, para definir si la llamada Ley Borge se reforma o se abroga.

El 12 de mayo pasado, comunicadores de la entidad pidieron al gobierno del estado anular dicha ley expedida el 14 de agosto de 2015, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, quien en ese entonces fue declarado como “enemigo de la prensa independiente” y fue ubicado como “principal agresor” de comunicadores y activistas en la entidad.

La propuesta fue aceptada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín, quien ingresó a la Legislatura la iniciativa para abrogar la ley, sin que a la fecha se haya sometido a discusión y votación del Congreso.

El colectivo reprochó además que la 15 Legislatura no elaboró un anteproyecto de ley, apoyándose de una organización especializada en la defensa de periodistas y de la libertad de expresión, como se solicitó, a fin de que fuera materia de consulta.

Tampoco se realizaron los foros en los 11 municipios del estado, como se pidió, lo que evitó la amplia participación de comunicadores y activistas. Por tanto, concluyeron que “no existe voluntad política” para abrogar la Ley Borge y, por el contrario, presumieron que hay interés de revivirla sólo haciéndole algunas modificaciones.

El pronunciamiento incluyó la solicitud al Congreso y al gobierno estatal, para “desistir” de aplicar en la entidad el sistema para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, lo que incluye los mecanismos locales, pues son las autoridades estatales y municipales las responsables de las agresiones, indicaron.

Diario advierte ataques. A través de su sitio web, el periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, alertó ayer de una posible agresión contra sus instalaciones, presuntamente planeada por el gobierno del estado y de ese ayuntamiento fronterizo.

“Posible nueva agresión a la libertad de prensa en Tamaulipas, informamos a la opinión pública y a los organismos internacionales de prensa que El Mañana de Nuevo Laredo ha recibido información de fuentes de alto nivel de Estados Unidos, serios y confiables, en el sentido de que se está orquestando entre los gobiernos del estado de Tamaulipas y el municipal de Nuevo Laredo un ataque contra este rotativo.

“Pensamos que esta nueva agresión a la libertad podría expresarse con una manifestación violenta contra el periódico”, escribió en el espacio de la nota principal en su página de internet.

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