Periodistas rechazan mecanismos estatales de protección en Q. Roo

Los comunicadores exigieron abrogar la llamada “Ley Borge”; además condenaron los actos de espionaje registrados en México en agravio del gremio periodístico y de las personas defensoras de los Derechos Humanos
24/06/2017
20:01
Adriana Varillas / corresponsal
Cancún, Q. Roo
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Periodistas exigieron hoy al Congreso de Quintana Roo, abrogar la llamada “Ley Borge” y se pronunciaron en contra de la instauración de los mecanismos locales para la protección de comunicadores y activistas, además de condenar los actos de espionaje registrados en México en agravio del gremio periodístico y de las personas defensoras de los Derechos Humanos.

“Afirmamos que este H. Congreso del Estado, debe abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en agosto de 2014, pues su espíritu fue el de violentar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, además de restringir la labor periodística en Quintana Roo”.

 

“Lo anterior quedó confirmado con la controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el fallo del máximo tribunal del país, al invalidar varios de sus artículos”, indicó este sábado un grupo de comunicadores, con el respaldo de personas defensoras de Derechos Humanos.

 

La postura se fijó en Cancún, al iniciar el último de tres foros organizados por la 15 Legislatura, para definir si la llamada “Ley Borge”, se reforma o se abroga.

 

Se recordó que el 12 de mayo pasado, comunicadores de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Tulum y José María Morelos, pidieron al gobierno del estado, abrogar la llamada “Ley Borge”, expedida el 14 de agosto de 2015, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, pues su objetivo fue “acotar la Libertad de Expresión, violentar el Derecho a la Información y restringir la labor periodística en la entidad”.

 

La propuesta fue aceptada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín, quien ingresó a la Legislatura la iniciativa para abrogar la ley, sin que a la fecha se haya sometido a discusión y votación del Congreso.

 

El colectivo reprochó que, además de lo anterior, la 15 Legislatura no elaboró un anteproyecto de Ley apoyándose de una organización especializada en la defensa de periodistas y de la Libertad de Expresión, como se solicitó, a fin de que fuera materia de consulta y objeto de observaciones en los foros, por parte del gremio periodístico y de personas defensoras de los Derechos Humanos.

 

Tampoco se realizaron los foros en las ciudades de los 11 municipios del estado, como se pidió, lo que evitó la amplia participación de comunicadores y activistas; se dijo también que se impuso un formato de participación y desarrollo de esta consulta, no consensuado con periodistas y defensores de los Derechos Humanos.

 

Por tanto, las y los comunicadores concluyeron que “no existe voluntad política” para abrogar la “Ley Borge”  y por el contrario, presumieron que hay interés de revivirla, sólo haciéndole modificaciones.

 

El pronunciamiento incluyó la solicitud al Congreso y al gobierno encabezado por Carlos Joaquín González, para “desistir” de aplicar en la entidad, el sistema para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, lo que incluye los mecanismos locales, pues son las autoridades estatales y municipales, las responsables de las agresiones en contra de activistas y comunicadores.

 

Conforme al Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, actualizado a marzo de 2017, desde el año 2000, en México han sido asesinados 104 periodistas.

 

En más de un 90 por ciento, las agresiones provienen de gobernadores, alcaldes y autoridades locales. En un 99.85 por ciento de los casos, estos crímenes han quedado impunes, citaron.

 

De acuerdo con organizaciones civiles, tan sólo en 2014, en Quintana Roo, se registraron 42 agresiones a periodistas, sin que uno sólo de los casos haya sido investigado a nivel estatal y mucho menos castigado a nivel federal o local.

 

El colectivo exigió atender la discusión de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y el gremio periodístico nacional, que rechazan la existencia de los mecanismos estatales, por su ineficacia y el peligro que representan para activistas y periodistas.

 

Los mecanismos locales- explicaron- son manejados principalmente por autoridades locales, siendo los estados en donde ocurre el grueso de los crímenes en contra de comunicadores y activistas, lo que supone un contrasentido y una simulación, por lo cual expresaron que, en caso de requerirse, se acogerán a lo que dicta Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su mecanismo.

 

“No omitimos mencionar que existe una intención del gobierno federal, por eludir su responsabilidad en garantizar la protección de defensores de Derechos Humanos y Periodistas, transfiriéndola a los estados, que es el ámbito en donde comunicadores y activistas son agredidos, lo que supone un doble agravio y riesgo para ambos sectores”, sostuvieron.

 

Al cuestionar la existencia de una ley estatal de protección a periodistas y activistas, remarcaron que en la entidad, el tema de dicha legislación sólo ha servido desde su origen, “para dividir, enfrentar y confrontar al gremio periodístico”, sin que obre evidencia de que su existencia se haya traducido en algún beneficio palpable para activistas y comunicadores.

 

“Condenamos enérgicamente todo intento, dentro y fuera del gremio periodístico, de dividirnos, enfrentarnos y confrontarnos, mediante una lucha alentada desde la tinta y el papel, que en realidad no existe de fondo”, señalaron.

 

Durante su intervención, personas defensoras de Derechos Humanos, que se sumaron a la postura del colectivo de periodistas, condenaron los actos de espionaje en el país, en contra de defensores de Derechos Humanos y hacia cualquier ciudadano.

 

“Hacemos un especial llamado al gobierno de Quintana Roo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a cualquier autoridad local, a evitar, desistir o frenar actos de espionaje o cualquier tipo de actividad que conlleve a la intromisión y violación de la intimidad y privacidad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos o cualquier ciudadano radicado en la entidad”, manifestaron.

 

Durante el sexenio de Borge Angulo, Quintana Roo fue convertido en escenario de una persecución sin precedente en contra de periodistas y comunicadores, documentada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales.

 

El entonces mandatario fue declarado por una agrupación como “enemigo de la prensa independiente” y fue ubicado como “principal agresor” de comunicadores y activistas en la entidad.

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