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Habitantes de la comunidad indígena de Caltzontzin, municipio de Uruapan, se manifestaron en la sede del Poder Judicial de la Federación para exigir el cambio de medidas cautelares para los 13 habitantes detenidos el 24 de febrero durante la irrupción de la Policía Michoacán a su poblado.

Una manifestación y bloqueos de comuneros en contra del uso de sus tierras por parte del ayuntamiento de Uruapan terminaron en el ingreso de fuerzas estatales para desalojarlos de las vías del tren ubicadas en el acceso a esta población.

Durante el operativo, 17 personas fueron detenidas, de las cuales cuatro obtuvieron su libertad y 13 más siguen en proceso, acusadas de ataques a las vías federales de comunicación y lesiones.

En esa confrontación, un agente resultó lesionado cuando le explotó uno de los cohetones con los que los indígenas trataron de disuadir el ingreso de la fuerza pública, por lo cual tuvieron que pagar una suma de 400 mil pesos como reparación del daño al oficial.

Entre los detenidos está Roberto Isidro Jiménez, un vendedor de cacahuates que, a decir de su hermana María Rosa, está grave de un ojo y se le han complicado las lesiones en la cabeza que, acusó, le propinaron los policías cuando lo detuvieron.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, María Rosa Isidro Jiménez asegura que su hermano iba de regreso de casa de sus padres en Caltzontzin cuando un grupo de policías arremetió contra él. Incluso dice     que su hermano Roberto, de 46 años, fue orinado por agentes estatales tras la golpiza.

“Mi hermano había ido a visitar a mi papá y cuando ya iba de regreso para su casa, porque él vive en la ciudad de Uruapan, los policías lo detuvieron; él iba pasando las vías cuando lo empezaron a golpear porque no se quería subir a la patrulla; él les decía que no había hecho algo malo, ni sabía de qué se trataba”, relató María.

La mujer de tez morena, reboso enredado en la cabeza y mirada fija, describe que a pesar de los intentos de su hermano por explicarle a los policías que él sólo pasaba por ese lugar, fue obligado, a punta de golpes, a subir a una patrulla, esposado.

“Pero lo que yo sí quiero decir y siento una impotencia y un coraje, es cómo lo maltrataron cuando lo detuvieron; cómo lo golpeaban; y todavía lo empezaron a orinar, y como mi hermano cerró sus ojos y su boca lo golpearon en la cabeza para que parara los orines”, narra María Rosa. Resultado de la golpiza, afirma, tuvieron que darle 14 puntadas en la cabeza y tiene secuelas en un ojo.

María confía en que el Juez de Control federal cambie las medidas cautelares para su hermano Roberto y para los otros 12 implicados, quienes ya cumplieron tres meses tras las rejas del penal David Franco Rodríguez, ubicado a nueve kilómetros de Morelia.

Alistan movilizaciones. René Bernabé Santiago, jefe de tenencia de la comunidad de Caltzontzin, explicó que una vez que se cubrió en el fuero común la reparación del daño al policía que resultó lesionado, sólo les falta esperar los resultados de la audiencia y la decisión del Juez de Control para que les permitan enfrentar su proceso en libertad a los 13 implicados.

De lo contrario, advirtió, volverán a movilizarse en puntos carreteros, en conjunto con otras comunidades indígenas de Michoacán que se les sumaron para exigir la salida de los 13 pobladores.

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