Representantes y mujeres  integrantes  de una veintena  de  organizaciones feministas y  de derechos humanos  de diferentes regiones,  protestaron en  Tuxtla Gutiérrez por la falta de medicamentos  en la red hospitalaria pública estatal, en el marco de la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas.

La protesta de decenas de mujeres indígenas y mestizas,  que salió del llamado “campamento de la dignidad” conformado por enfermeras del hospital “Rafael Pascacio Gamboa”, que mantuvieron un ayuno de 23 días,  se concentró  afuera del Congreso Estatal, donde advirtieron sobre  los riesgos y las necesidades que enfrentan las comunidades por la falta de servicios médicos en los hospitales, clínicas y casas de salud  en el territorio estatal.

Precedidas de mantas y pancartas alusivas, las inconformes aseguraron que los padecimientos y las demandas  de personas y familias evidencian los problemas por “la crisis” derivada de la falta de medicamentos, equipos, materiales de curación y personal de salud en el medio urbano y rural.

A las carencias se suman  la    marginación y la pobreza generalizada,  la distancia a los  centros de salud, el encarecimiento de los medicamentos y los costos inaccesibles  de los  tratamientos de ciertas enfermedades, como  diversos tipos de cáncer.

Las manifestantes agremiadas en  organizaciones como   El Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas, Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer en Palenque, denunciaron que Chiapas tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país.

El riesgo de morir   antes de un año de vida es mayor entre los niños que habitan en regiones indígenas, debido a la falta de acceso a la salud, la pobreza y el rezago educativo.

En el documento “Violencia contra las mujeres por  crisis de salud en Chiapas” establecieron  que en 2011  se calculó que más un millón de chiapanecos no tenían acceso  a los servicios de salud, la mortalidad infantil oscilaba en el 28% por cada mil nacidos, con tan sólo 8.4 médicos y 13 enfermeras por cada 10 mil habitantes.

Por tanto exigieron que el gobierno estatal cumpla con la  obligación de garantizar el derecho a la salud y la vida, por los riesgos que conlleva el período de calor y de lluvias.

Y precisaron que algunas de las demandas y los riegos generalizados en las regiones,  son los brotes epidémicos, que  no se controlan ni previenen, de varicela, hepatitis, tifoidea, diarreas, tuberculosis, brotes infantiles y maternas.

Pero también los decesos  por  muerte materna  y  cáncer cérvico uterino, que son equiparables “al feminicidio por no atender de manera puntual y urgente los signos de alerta; en el medio rural son más frecuentes las hemorragias del embarazo, parto y puerperio. “Son defunciones que podrían evitarse se ampliara el acceso a la atención médica”, sostuvieron.

Prevalece también el desconocimiento de la norma 46 para atender casos de violencia contra las mujeres como parte de las medidas ordenadas  en la declaratoria de alerta de violencia de género en Chiapas, que incluye la petición de instalar una mesa de salud urgente para atender el problema.

En la marcha estuvieron también representantes e integrantes y se tuvo el respaldo de la Red  Mesoamericana, Mujer, Salud y Migración,  Semilla del Sur, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Centro de Atención  a la  Violencia Intrafamiliar.

La protesta fue acompañada  por las enfermeras María de Jesús Espinosa de los  Santos y María  Isidra Orozco Sánchez, quienes participaron en la primera huelga de hambre, del 3 al 12 de abril, en demanda de reinstalación laboral , pago a proveedores, cuotas de vivienda  y abasto de medicamentos, entre otros.

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