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Luego de la muerte de la activista Miriam Rodríguez Martínez, asesinada a balazos la noche del 10 de mayo afuera de su domicilio, en el municipio de San Fernando, el gobierno de Tamaulipas instaló el Comité para la Implementación de Medidas de Seguridad, que será el encargado de proveer apoyo a defensores de derechos humanos y periodistas.
Lo anterior, en tanto el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determine la procedencia de las medidas cautelares.
El comité está integrado por representantes de la Secretaría de General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, quienes definirán junto a las víctimas los criterios y procedimientos de las medidas de seguridad que el estado otorgue a defensores de derechos humanos y periodistas cuando sufran algún delito.
De acuerdo con el gobierno local, el comité busca coordinar y unificar criterios para emprender las acciones de las distintas dependencias estatales para el otorgamiento de medidas de seguridad para personas en riesgo.
En cada caso, la administración estatal se comprometió a firmar un acuerdo entre los integrantes del comité y los beneficiarios, a fin de que conste que las medidas se implementan de común acuerdo.
Según las autoridades, entre el 11 y el 17 de mayo se remitieron a la Secretaría de Seguridad Pública 13 peticiones de seguridad, de las cuales ocho se atendieron mediante el otorgamiento de medidas cautelares, o bien, se están evaluando las opciones para brindar seguridad; una más se declinó, y el resto están en procedimiento de atención.
