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El conflicto en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, tiene su origen en un litigio de 520 hectáreas que dicha comunidad y Capácuaro, reclaman como suyas.
El pleito comenzó en 1947. Un año después, por decreto presidencial, la titularidad del terreno fue concedida a Capácuaro, municipio de Paracho.
EL UNIVERSAL consultó a ambas partes: mientras la gente de Capácuaro reconoce la existencia y vigencia del decreto, en Arantepacua no admiten que esa parte boscosa, rica en pino y encino, la administren sus vecinos.
Por ello, habitantes de esta última región interpusieron un recurso legal para que el decreto sea echado abajo por la vía del amparo.
Sin embargo, el conflicto ha pasado de los juzgados a las confrontaciones —incluso armadas— entre pobladores de ambas comunidades de esta zona de la meseta purépecha.
Este año el conflicto comenzó a recrudecerse el 21 de febrero, cuando un enfrentamiento dejó un habitante de Capácuaro muerto y dos lesionados de Arantepacua.
El pasado 14 de marzo, habitantes de Capácuaro incendiaron un vehículo, robado horas antes, para bloquear la carretera Pátzcuaro-Uruapan.
El gobierno de Michoacán ha mantenido mesas de diálogo con ambas partes; no obstante, desde el martes pasado los comuneros de Arantepacua retuvieron 20 unidades de empresas particulares.
Con la consigna de recuperar dichas unidades, la Secretaría de Seguridad Pública del estado implementó un operativo en el que participaron 200 elementos del Grupo de Operaciones Especiales, quienes, según autoridades, portaban sólo equipo táctico.
Al llegar a la comunidad, los agentes fueron agredidos con piedras y balazos, con un saldo de siete elementos lesionados, todos por heridas de arma de fuego y tres de ellos con lesiones que comprometen órganos vitales.
En tanto, 38 comuneros de Arantepacua detenidos el pasado martes fueron presentados ante un juez de control, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Sepultan a pobladores. Habitantes de Arantepacua denunciaron que durante el operativo tres civiles fallecieron, aunque autoridades del gobierno sólo reconocen un muerto, ya que los familiares de las otras dos víctimas los levantaron sin permitir que la Procuraduría de Justicia interviniera.
Ayer los tres fueron sepultados entre consignas de repudio hacia el operativo de las fuerzas estatales, que derivó en un choque a tiros entre habitantes y elementos policiales.
Previo a la entrada de los cuerpos a la misa celebrada en la iglesia de la comunidad, habitantes de Arantepacua, respaldados por indígenas de Pichátaro, Cherán y Aranza, gritaban que el predio en disputa les pertenece.
Entre las víctimas está un estudiante del Colegio de Bachilleres que presentaba cuatro disparos. También perdieron la vida Juan Carlos, de 27 años, enfermero en la clínica de Nahuatzen, así como Francisco Jiménez Alejandre, de 65 años.
A decir de los pobladores, fueron cerca de cuatro horas lo que duró el encontronazo entre habitantes y policías, mientras que para las autoridades, cerca de 30 minutos.
Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que atraerá el caso.
