Denuncian venta ilegal de 19 departamentos

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El grupo español Maioris Towers denunció este martes que notarios locales participaron en el entramado para la venta simulada de 19 de sus departamentos en el megadesarrollo de Puerto Cancún, sin que a la fecha la Secretaría de Gobierno haya abierto alguna investigación.

La empresa, que hace una semana recobró cuatro departamentos que le fueron arrebatados a través de juicios laborales irregulares, enfrenta además el despojo de 19 condominios que fueron vendidos por supuestos propietarios, con base en títulos presuntamente apócrifos, avalados por notario.

En ese presunto fraude participaron desde particulares hasta ex funcionarios y servidores públicos del gobierno municipal, así como la titular de la notaría 22, con circunscripción en Isla Mujeres, Yolanda Solis Olveres, afirmó el representante legal de Maioris, Francisco Siman Carpio, quien reveló que ya existe una queja formal ante la Secretaría de Gobierno.

Siman Carpio se remontó a 2011, cuando los inmuebles fueron vendidos y luego escriturados entre 2015 y 2016, con pérdidas para la empresa que alcanzan los 20 millones de dólares.

El abogado destacó el caso de Lydia Portilla Manica, directora de Relaciones Públicas del gobierno municipal encabezado por el alcalde, Remberto Estrada y hermana del titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Jorge Portilla.

La funcionaria fue de las primeras adquirientes. Inició rentando un departamento en 2010 y, posteriormente, se ostentó como dueña, a través de una escritura presuntamente falsa, expedida por la notaría 22, desde el 27 de enero de 2011, que amparaba la compra del inmueble por más de 344 mil dólares.

El tema no quedó ahí. Lydia Portilla revendió el inmueble en 5 millones 500 mil pesos, a principios de 2016, a una empresa llamada “Chema Inmobiliaria”, en la que figura como principal accionista, añadió Siman.

Los hechos denunciados por la empresa ocurrieron entre 2011 y 2016, durante la administración del entonces gobernador Roberto Borge y se dieron en dos modalidades: juicios laborales y ventas ilegales, explicó el representante legal de la empresa.

“Son dos situaciones distintas, que coinciden en el tiempo y que afectaron 23 propiedades de Maioris; cuatro casos, por juicios laborales amañados y 19, por ventas ilegales”, sostuvo.

La recuperación de los cuatro condominios, la semana pasada, derivó de la instrucción del Juzgado Tercero, que ordenó a la Junta 2 de Conciliación restituirles la propiedad.

En el caso de las 19 propiedades, se promoverá un juicio mercantil contra quienes se asumieron como propietarios mediante escrituras falsas, invocando la nulidad de todo acto posterior: la reventa de las propiedades.

Otro de esos primeros compradores fue Aldo Resendiz, ex secretario de Ecologia y Desarrollo Urbano durante el gobierno del entonces alcade Gregorio Sanchez.

Resendiz Ruiz adquirió una propiedad en abril de 2011, en 4 millones 49 mil pesos, según escritura emitida por la notaría 22. Posteriormente, revendió el inmueble en 4 millones 730 mil pesos el 29 de mayo de 2015.