Pide CEDH sancionar a agentes por torturas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió cuatro recomendaciones contra la Procuraduría de Justicia del Estado, dos por actos de tortura y dos por casos de personas desaparecidas en los que hubo inactividad en la investigación.

Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expuso que las recomendaciones 4 y 5 de 2017 corresponden a violaciones graves de derechos humanos, por casos de tortura a través de métodos como asfixia, traumatismos y amenazas, los cuales fueron perpetrados por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en dos casos de detenciones arbitrarias.

“La CEDHNL a través de estas recomendaciones dirigidas al titular de la Procuraduría Estatal solicita que se realicen las investigaciones administrativas y penales a quienes resulten responsables de estos actos, además se enfatiza la urgencia de profesionalizar al personal operativo en la prevención, sanción y erradicación de la tortura en su labor investigadora”, señaló.

Respecto a las recomendaciones 6 y 7 de 2017, la titular de la CEDHNL comentó que se trata de dos casos de denuncias de personas desaparecidas, en cuya investigación la autoridad dejó de actuar por periodos prolongados.

En las recomendaciones se acreditó que “la omisión de la autoridad constituye violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica al no brindarse, tanto a las víctimas como a sus familiares, el acceso a la justicia”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos dictaminó que la autoridad mencionada debe integrar de manera exhaustiva las averiguaciones previas hasta su legal conclusión y que se deben suministrar los recursos humanos, materiales, técnicos y científicos para que la Agencia del Ministerio Público Investigador Número Uno del Tercer Distrito Judicial en el Estado, cumpla con sus labores.

Recomendó la aplicación del Protocolo de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas, además de fincar los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos que resulten responsables.