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Integrantes de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), acompañados por el sacerdote, Alejandro Solalinde, acudieron a colocar una cruz en memoria de todos los asesinados por el crimen organizado, y cuyos restos fueron sepultados en un cementerio clandestino, en un paraje de la sierra de El Fraile, en García.
Pero apenas empezaron a cavar, en el sitio que había inspeccionado la Procuraduría de Justicia, encontraron decenas de lo que un arqueólogo que los acompañaba consideró eran huesos calcinados, que recogieron para entregarlos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que determine si corresponden a restos humanos, y de ser posible se realice la identificación de las víctimas por medio de estudios de ADN.
La acción provocó un confuso incidente, porque al regreso del recorrido, cuando se habían retirado los periodistas, Irma Leticia Hidalgo, dirigente estatal de FUNDENL y otras familiares de desaparecidos, presuntamente fueron retenidas por los elementos de Fuerza Civil.
Hidalgo declaró que sin darles una explicación de si irían en calidad de detenidas o de testigos, los policías pretendían llevarlas a la comandancia de la Policía Ministerial en García, porque presuntamente durante la ceremonia, se alteraron evidencias. Fuerza Civil precisó que la intención era que entregaran las muestras recopiladas. En el cementerio clandestinom la Procuraduría de Justicia encontró en 2016 los restos de más de 80 personas. Hidalgo señaló que las víctimas pudieran ser muchas más, porque este día, sin que tuvieran el propósito de buscar restos óseos, los hallaron al excavar para colocar la cruz. No pudo contener el llanto al considerar que ahí pudieran estar los restos de su hijo Roy Rivera Hidalgo.
El sacerdote Alejandro Solalinde, quien acudió a bendecir el lugar, señaló: “Estoy mirando en esta caminata compartida el inicio de una nueva etapa, no será una etapa de búsqueda de dolor, sino de búsqueda de la verdad y de justicia”.
Expresó: “Vivimos en un país corrupto, pues mientras el Cártel de los Zetas y otros también coludidos con servidores públicos y policías, estaban exterminando a los hijos de esta sociedad, había autoridades que fingían que no pasaba nada”.
Cuando ocurrieron estos crímenes, precisó Hidalgo, el hoy gobernador Jaime Rodríguez Calderón era alcalde de García (2009-2012), mientras el hoy alcalde priísta de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, era procurador de Justicia del Estado.
Tenemos que abrir los ojos, recalcó Solalinde, pues el problema de los desaparecidos “se trata de una lacra nacional. El gobierno del PAN, de Felipe Calderón, y este gobierno del PRI, de Enrique Peña Nieto, nos han causado este dolor y este crimen, que es el crimen máximo que puede causar un ser humano a otro: la desaparición”.
