Crimen pide 10% para dejar construir

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Cuando criminales piden a las empresas constructoras 10% del monto total de las obras que les contrata algún gobierno, lo hacen con información precisa, oficial.

“En algunos casos llegan con documentos que coinciden con el proyecto que tienen los empresarios”, explica Adrián Alarcón Ríos, empresario y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo.

La única forma en que delincuentes obtengan esa información es por la filtración que hay desde muchas áreas del gobierno, de cualquier nivel de gobierno, explica Alarcón Ríos.

“Los criminales van por los montos totales de las obras, alguien desde el gobierno les filtra información, ese es su secreto”, dice cuando se le pregunta cómo un criminal puede pedir con tanta exactitud una cuota.

Al escritorio de la Coparmex en Chilpancingo llegan muchos casos de extorsión. Llegan a pedir ayuda, asesoría o apoyo desde el pequeño comerciante hasta el empresario.

Alarcón Ríos sabe bien lo que es la extorsión: “Un martes de 2014 a las 12 de día llegaron tranquilamente 12 personas armadas hasta los dientes. Pararon los camiones con los que trabajo, me llamaron y me citaron a una casa de seguridad. Me dijeron que tenían una lista de empresarios constructores y que yo estaba incluido, que tenía que colaborar para su nómina. Platiqué con ellos como dos horas, me querían secuestrar pero les dije que era mejor que me dejaran porque iba ser más fácil reunirles la cantidad que me pedían.

“Me dieron una semana. Un empleado llevó la cantidad a un paraje. Se llevaron las utilidades de muchos años, incluso tuve que pedir prestado. Yo creí que ya estaba solucionado el asunto; a los 15 días regresó el mismo grupo a pedirme otra cantidad similar. Ya no acepté y huí. Durante tres meses tuve mi oficina ambulante, en mi carro. Cerré mi negocio. Dormía dos horas en promedio por esperar a que llegaran a mi casa”.

Desde entonces, Alarcón Ríos no sale de noche, no va a fiestas, siempre se reporta y nunca duerme sin tener una pistola en su buró. Instaló cámaras de video, alambres de púas y puertas con doble fondo en su oficina y en su casa.

El viernes 10 de marzo, en la toma de protesta de la delegación de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción el subsecretario de Obras Públicas estatal, Luis Flores Guevara, reconoció que uno de los problemas que enfrentan los constructores es la extorsión:

“Se les cobra mochadas a los contratistas, eso lo sabemos porque la inseguridad está en todos lados”.

En entrevista, Flores Guevara asevera que las empresas constructoras pagan al crimen entre 5% y 10% del costo total de la obra. Sin embargo, afirmó que ninguna obra contratada por el gobierno está suspendida por el acoso del narco.

“Les he sugerido a los empresarios constructores que en el expediente de la obra, al precio unitario, le agreguen 5% para el pago de la seguridad, para el pago de extorsiones”, dijo.

Según el funcionario, el problema de la extorsiones está en todo Guerrero, pero hay zonas de alto riesgo, como Chilapa y municipios de la Tierra Caliente y la Costa Grande, en donde las empresas constructoras tienen que pagar hasta 10%.

Blancos del crimen. En Chilpancingo la extorsión se democratizó. Cualquier tipo de negocio es blanco de los delincuentes. Alarcón Ríos explica que no sólo las grandes empresas sufren el acoso de los grupos criminales, también el ciudadano que decide construir su casa.

Los delincuentes llegan y establecen el pago, según el tamaño de la casa. Les dicen que el pago es para evitar que otro grupo los extorsione: los “protegen”. En cuanto a obras grandes, no importa si se realizan para un gobierno o un particular.

El año pasado se suspendió durante tres meses la construcción del hotel Holiday Inn, el cual será el primer hotel de cinco estrellas en Chilpancingo. Se paralizó la obra porque el narco sólo esperaba saber la empresa a cargo de la siguiente etapa de la obra para pedir su cuota.

Muchas empresas constructoras, dice Alarcón Ríos, han sacado de Chilpancingo sus oficinas por la extorsión; los dueños sólo regresan a revisar las obras y se vuelven a ir.

El Colegio de Ingenieros Civiles de la Región Centro también ha denunciado extorsiones en contra de constructoras. Un ingeniero contó que en 2015 suspendió la construcción de cuatro edificios que ya tenía bajo contrato con la iniciativa privada.