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San Cristóbal de las Casas.— Policías estatales desalojaron de la Torre Chiapas y aprehendieron a un grupo de 63 empresarios que reclamaban al gobierno el pago de una deuda de 199 millones de pesos; seis personas, incluido el dirigente Rafael Jiménez Arechar, fueron remitidas a un juez ubicado en el penal del Amate, quien determinará si los vincula a proceso.
Los detenidos, integrantes de la asociación Empresarios Chiapas Organizados (ECHO) son acusados de despojo agravado, tras haber permanecido con sus campamentos en el acceso principal del inmueble, que alberga oficinas de los tres niveles de gobierno.
La tarde de ayer, algunos de los empresarios del ramo de la construcción, que “fueron detenidos en flagrancia”, durante un operativo en la explanada del inmueble, comenzaron a ser liberados, dio a conocer la Procuraduría de Justicia del Estado.
Informó que el Ministerio Público tiene 48 horas para determinar la situación jurídica de los empresarios que aún permanecen arrestados, sin embargo, precisó que remitieron a seis porque contaban con órdenes de aprehensión por el delito de despojo agravado.
Se trata del líder Rafael Jiménez Arechar y sus correligionarios: Jorge Ricardo “N”, Óscar Alfonso “N”, Luis Armando “N”, Sayi Yazmín “N” y Mercedes del Carmen “N”.
Los miembros de la ECHO se encontraban en plantón en la explanada de la Torre Chiapas desde el 23 de enero, reclamaban al gobierno del estado, el pago de adeudos contraídos del año 2009 al 2016, por un monto de 199 millones de pesos.
Se instalaron en ese lugar porque ahí se ubica la oficina de la Secretaría de Hacienda, dependencia a la que acusan de desaparecer expedientes, con tal de no pagarles.
La Policía Estatal trasladó hacia el municipio de Cintalapa al grupo de seis detenidos para ser puestos a disposición de un juez, de acuerdo con la causa penal 48/2017, mientras que 57 más quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada.
La Procuraduría de Justicia del Estado informó que el operativo se llevó a cabo, “con la finalidad de recuperar el inmueble, luego de recibir la denuncia por la representante legal de la sociedad operadora de la Torre Chiapas”.
Agregó que los empresarios reclaman adeudos por parte del gobierno del estado, éste que “ha ofrecido (instalar) una mesa de diálogo para atender este tema”.
Sin embargo, el fiscal Adulfo Chacón Ruiz dijo que no se ha efectuado el pago, porque la Secretaría de Hacienda ha observado “sería irregularidades, pues en algunos casos las facturas presentan sobreprecios, no cuentan con contrato y pedidos, actas de adjudicación o incluso no existen documentación de soporte original que acredite las ventas que hicieron al gobierno, por lo anterior se determina que no se puede pagar por servicios inexistentes o que representen un agravio predeterminado a la institución”.
Las ventas que hicieron al gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012) “ya no están acreditadas”.
Los empresarios que no estén conformes con esta disposición deben buscar otras vías jurídicas, pero el gobierno del estado no cederá “ante protestas de grupos que no tienen sus adeudos justificados”.
Por estos hechos, la Procuraduría abrió la carpeta de investigación 0018-101-2001-2017, por el delito de despojo, desde que a finales de enero, 200 personas ingresaron a las instalaciones de Torre Chiapas, para instalarse con casas de campaña en la plaza e impedir el paso de burócratas y encargados de oficinas.
Horas después de la detención de los empresarios, grupos de ciudadanos se manifestaron en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, para pedir la liberación de las 63 personas.
Los comerciantes emitieron varios escritos, donde denuncian los presuntos atropellos que recibieron por parte de la Policía e incluso denunciaron haber perdido objetos de valor que mantenían en las casas de campaña.
