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Desde los inicios de su gestión el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón se ha visto mermado por la salida de al menos 18 funcionarios, entre ellos, dos secretarios del gabinete y el procurador.

Estas renuncias obligadas se dieron tras señalamientos de corrupción, supuestos desacuerdos, actos indebidos y supuesta incapacidad, así como incumplimiento de requisitos.

Una crítica que le hacen al gobernador partidos políticos y asociaciones civiles es que formó un gabinete con amigos y recomendados, sin importar los perfiles, por lo que faltó a su compromiso de nombrar a los más honestos y capaces, además de ignorar a miles de profesionistas que entregaron su currícula en busca de una oportunidad.

Entre los funcionarios de primer nivel que han salido de sus cargos destacan la secretaria de Educación, Esthela Gutiérrez (el pasado 15 de diciembre), y el secretario del Trabajo, Julio César Castillo (el 24 de noviembre), además del procurador de Justicia el pasado 21 de febrero.

No hubo explicación sobre la remoción de Gutiérrez, mientras que Castillo alegó motivos personales.

Al procurador Roberto Flores Treviño —cercano a el gobernador y su representante ante la Comisión Estatal Electoral— Rodríguez Calderón le pidió que se mantuviera en el cargo una semana más, mientras toma la decisión de quién lo sustituirá.

En su equipo de segundo orden, compuesto por 31 subsecretarios, se registran cinco bajas, entre las que destaca la del subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Rogelio Benavides Pintos, quien fue acusado de comprar 200 mil cobijas al triple de su valor comercial, lo que fue conocido como el cobijagate y le mereció severas críticas al gobierno de El Bronco por no sancionarlo.

Otra renuncia fue la de Alfredo Treviño, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública; oficialmente se desconoce el motivo pero se sabe que fue por diferencias con el secretario de Seguridad Pública, Cuauh-témoc Anténez.

Otra funcionaria es Verónica Sada Pérez, subsecretaria de Energía, quien se retiró por motivos personales aunque en entrevista dijo que había existido falta de entendimiento y apoyo a sus proyectos.

El cuarto es Alejandro Treviño Villarreal, subsecretario de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación, quien dejó el cargo por motivos personales.

Edmundo Rodarte Valdez fue subsecretario de Planeación de la Secretaría de Infraestructura, quien se fue para aceptar una oferta laboral en Grupo Sydsa.

Entre sus directores han ocurrido 10 bajas, entre las que destaca la ex directora de Administración y Finanzas del DIF, Argelia Solis González, quien era la encargada de licitaciones y compras. Ella alegó que “se sentía muy presionada y no quería ser exhibida en redes sociales por alguna irregularidad”, según declaró la esposa del gobernador Adalina Dávalos.

Otro caso a destacar es el del director de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Adame Ochoa, quien renunció a raíz de la detención de su hermano Sergio Gudalupe, involucrado por presunto lavado de dinero en Estados Unidos.

Renunció, según la ex funcionaria, para no comprometer a la administración estatal.

El director de Canal 28 TV Nuevo León, Luis Yermas Torres, renunció luego de que se supo que se llevó a su casa un refrigerador que era usado como utilería en la televisora estatal.

Los adversarios del independiente Bronco afirman que el gobernador tolera las faltas de sus amigos y el resto son sacrificables.

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