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La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) pidió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) otorgar medidas precautorias de protección a la integridad personal y derechos de cuatro activistas sociales y defensores de los derechos humanos “criminalizados” por el Gobierno Municipal de León por protestar en contra del gasolinazo y el aumento a la tarifa del transporte público.
Además, dentro del expediente 2/17-A envió un oficio al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, para que rinda un informe por posibles violaciones al derecho a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia.
La oficina del ombudsman estatal, José Raúl Montero de Alba, informó que la SSP estatal aprobó el sábado pasado el otorgamiento de las medidas precautorias a cuatro activistas y se pretende que de hagan extensivas a cuatro defensores sociales, a quienes les ha hecho el ofrecimiento.
El activista y abogado Roberto Saucedo Pimentel confirmó que le fue concedida medida precautoria que solicitó en la queja que presentó en contra del alcalde por acusarlo falsamente de incitar a la violencia en las manifestaciones por el alza a la tarifa del transporte público.
Derechos Humanos informó que el 6 de enero inició un expediente de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos en los que señala como responsable a la Secretaría de Seguridad Pública municipal de León.
También se integra el expediente 3/17-A por la detención de 19 personas en los disturbios ocurridos en el centro comercial ubicado en los bulevares Juan José Torres Landa y Francisco Villa, en contra del Secretario de Seguridad Pública municipal de León.
Asimismo, este lunes, en la audiencia de imputación a proceso penal un juez de oralidad ordenó la libertad de los detenidos, luego de que el Ministerio Público no logró acreditar en su contra los delitos de pandillerismo, asociación delictuosa, daños y robo, por los daños a la tienda WalMart y al banco Santander, en el que se registraron saqueos el 4 de enero.
La tarde del miércoles pasado la Policía Municipal detuvo a 43 personas como probables involucrados en los disturbios en una tienda comercial, y 19 fueron puestos a disposición de la fiscalía y el resto liberados.
La CEDH abrió dos carpeta de investigación 3/17-B y 4/17-B por la detención de 41 personas la tarde del sábado presuntamente implicados en desmanes a 15 establecimientos comerciales en Irapuato y la publicación de sus fotografías en las redes sociales por instrucciones del alcalde de ese municipio, Ricardo Ortiz Gutiérrez.
Derechos Humanos requirió a Ortiz Gutiérrez para que rinda un informe justificado, por sus expresiones de que “los Derechos Humanos sólo son para los humanos derechos” y la difusión de fotografías de detenidos.
Requirió a la directora de Oficiales Calificadores para conocer la situación jurídica de las personas detenidas y personal de la CEDH acudió a los separos a entrevistar a las personas privadas de su libertad.
