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Después de estar más de 50 días recluido en un centro antirrábico de Saltillo, Coahuila, Max llegó este fin de semana a la fundación Raúl Julia Levy, en Malibú, California. Se trata del perro de raza pitbull que causó la muerte de un niño de tres años en Saltillo y que fue trasladado para iniciar un proceso de rehabilitación.
Luego de su llegada a las instalaciones, el can fue sometido a una revisión por especialistas de la fundación, quienes detectaron una fractura en el cráneo del tamaño de una pulgada, así como quemaduras en las extremidades y en el área genital.
El activista y presidente de la fundación, Raúl Julia Levy, aseguró que Max “fue víctima de una brutalidad espantosa, lo que le hicieron no se puede tomar a la ligera; al perro lo golpeaban, no le daban de comer, o lo querían matar a golpes o de hambre”.
Por esa razón los representantes legales preparan una demanda legal contra Tomás Gutiérrez Rodríguez, director del Centro Antirrábico con residencia en Saltillo, por maltrato animal, pues consideran que se ensañaron con el can.
Así lo certificó la veterinaria forense Marina Kotlarenko, encargada de evaluar el canino y quien aseguró que sus heridas son consistentes con un periodo de 30 a 50 días.
No ha gruñido ni a los empleados. Además, el activista menciona que las pruebas realizadas señalan que no es agresivo. “Desde que llegó a mis manos ni si quiera le ha gruñido a los empleados”, afirmó.
Eliud Felipe Aguirre Vázquez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 8 de la Secretaría de Salud, afirmó que no hubo maltrato y que puede demostrarlo con fotografías y videos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Raúl Julia Levy señaló que “las pruebas que le han practicado a Max no mienten y no existe forma alguna de que ellos puedan probar lo contrario”, por lo que está convencido de que la ley de protección animal de Coahuila “está de su lado”.
Al respecto, la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su Artículo 19, señala que “toda persona tiene la obligación de proteger y brindar un trato digno a los animales”.
El Artículo 21 indica que “cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente ley tiene la obligación de informar a la autoridad competente de la existencia de la falta”.
Por el momento la rehabilitación de Max —que tendrá un costo de entre 15 mil y 20 mil dólares— seguirá su curso y correrá a cargo de tres especialistas, un sicólogo, un entrenador que ha colaborado con el ejército estadounidense y un médico.
El procedimiento será gradual, incluyendo lo más básico de socialización para identificar los puntos débiles en los que el canino necesita ayuda. Además, se trabajará con dummies que simulan niños para detectar las áreas en las que el can sienta amenaza.
“Incrementando simulacros queremos ver cuáles son esas áreas para trabajar y que se le comience a dar amor. Es el perrito más noble que tengo en la fundación y mira que tengo cientos, tengo al rededor de 150 que llegaron en navidad”, concluyó.
