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Propietarios de la marina “Chac Chí” denunciaron que, sin argumentos legales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les clausuró un muelle para dar entrada a la construcción y operación de otro, localizado en playas de los terrenos colindantes en donde operaban las otrotra “Villas Juveniles del CREA”, que los gobiernos de Félix González y Roberto Borge remataron para favorecer a la empresa “Caveri Servicios Inmobiliarios”.
La clausura se aplicó después del 20 de diciembre pasado, cuando abogados del despacho “Pérez Rivero”, encabezados por su titular, Héctor Pérez Rivero, dieron a conocer las irregularidades cometidas en la compra-venta del terreno por parte del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), a favor de la sociedad “Caveri Servicios Inmobiliarios”, cuyos socios son el empresario Ricardo Vega Serrador y Anuar Fayad Hassan.
A través del IPAE se vendieron dos hectáreas de los terrenos del Albergue Juvenil a Caveri, en 38 millones de pesos, cuando el metro cuadrado está valuado en mil dólares; la operación de compra-venta inició entre 2009 y 2010 e incluyó la petición para modificar el uso de suelo a fin de construir dos torres de 17 a 20 pisos. La titulación de los predios ocurrió en 2014.
Además están involucrados el notario 8, José Antonio Arjona –quien dio fe del acto presuntamente irregular-; el ex presidente municipal de Cancún, Paul Carrillo, y su director de Catastro, Heyden Cebada, quien extendió una certificación de colindancias que permitió a la empresa apropiarse indebidamente de una franja de más de dos mil metros cuadrados, que pertenecen a la marina “Chac Chi”, localizada a un costado, en la primera etapa de la Zona Hotelera de esta ciudad.
Gaspar Paredes Palma, dueño de la marina, acompañado de su abogado, Héctor Pérez Rivero, y de los ex presidente y presidente de Asociados Náuticos, Ricardo Muleiro e Iván Ferrat, respectivamente, informó que luego de haber hecho la denuncia de la compra-venta irregular y del despojo, inspectores de la Profepa se presentaron para clausurarles su establecimiento, derivado de una denuncia que, se le dijo, fue presentada en México por conducto de Vega Serrador y el senador Félix González Canto.
Los sellos de clausura fueron colocados por la Profepa no sólo en el muelle, sino también en las tiendas al interior de la marina, lo cual fue calificado por Paredes Palma como inverosímil.
Para evitar el cierre de la marina y la afectación de 200 familias que dependen de esa fuente de trabajo, el dueño tramitó un amparo en contra de la clausura, que se suma a otra demanda similar, pero en contra del despojo de los dos mil metros cuadrados de terreno que reclama la empresa Caveri como propias, a partir de la rectificación de colindancias autorizada por la anterior administración municipal.
Las represalias por sacar a la luz lo ocurrido se tradujeron además en inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó el abogado, Héctor Pérez Rivero.
El dueño de la marina advirtió que detrás de la clausura existe la intención de impedir la operación de su muelle, para dar paso al funcionamiento de otro.
La empresa Caveri obtuvo la autorización en materia de impacto ambiental por parte de Semarnat para construir un muelle de madera en forma de T, cuya longitud será de 60 metros de largo por 2.50 de ancho.
Dicha estructura será usada para el atraque de lanchas balleneras de 20 a 30 pies, con motor fuera de borda y chocaría con el de la marina, que tiene 30 años de funcionar.
Además, Caveri inició la construcción de dos torres de vigilancia dentro del predio, invadiendo la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y colocó una malla que restringe el paso a sólo 10 metros de la duna costera, cuando la restricción es de 20 metros.
Esto último había sido denunciado a la Profepa, también en diciembre, pero en lugar de clausurarle a Caveri, la dependencia federal procedió en contra de la marina.
Los abogados y el dueño de Chac Chí agregaron que existen versiones que hablan de la intención de Vega Serrador para vender, a través de Caveri, el predio que compraron al IPAE a un grupo español, lo cual le dejaría una ganancia cercana a los 490 millones de pesos.
Ahí, el costo del metro cuadrado vale mil 300 dólares en promedio, lo cual representaría una suma de 26 millones de dólares, que al tipo de cambio de 21 pesos por unidad equivaldrían a 526 millones de pesos, considerando una superficie aproximada de 20 mil metros cuadrados.
Cuando el IPAE vendió esos 20 mil metros cuadrados a Caveri, fue por la cantidad de 38 millones de pesos.
spb
