El gobierno de Gabino Cué Monteagudo cerró su sexenio sin pagar adeudos. Al menos 2 mil 200 millones de pesos quedó a deber a proveedores, mientras que la deuda pública consolidada a largo plazo alcanzó los 14 mil millones de pesos, lo que hace un total de 16 mil 200 millones de pesos: casi cuatro veces la deuda con la que inició su mandato.

Ayer por la tarde, transportistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) reactivaron sus protestas en las principales vialidades de la capital para exigir el pago de trabajos realizados en la construcción del estadio de futbol ubicado en propiedad del Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

De acuerdo con sus representantes, son al menos 4 millones de pesos los que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable no liquidó, principalmente por acarreo de materiales.

Pero ellos no son los únicos inconformes. Proveedores de uniformes reclaman cerca de 150 millones de pesos; personas con discapacidad y estudiantes, beneficiados con una beca del programa Bienestar, también se manifestaron el penúltimo día para denunciar que desde hace varios meses no les depositaban mil pesos al mes que les prometieron.

Burócratas acusaron ayer que el gobierno estatal ordenó el cese de al menos cuatro trabajadores por denunciar y exigir la reposición del fondo de pensiones por un monto de 177 millones de pesos, dinero que, aseguraron, tomaron las autoridades y no fue reingresado.

Justificaciones

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, mientras que el gobierno de José Murat dejó un adeudo de 489 millones de pesos, el de Ulises Ruiz Ortiz fue de casi 4 mil 500 millones de pesos.

“A partir de ese año [2010] se recurrió a deuda directa, de largo y corto plazos, hasta un saldo de 16 mil 138 millones de pesos en 2015. El saldo estimado de la deuda al 30 de noviembre de 2016 es de 14 mil 25 millones de pesos”, refirió la dependencia en un comunicado.

Reconoció que 76.6% de la deuda fue adquirida en el gobierno de Gabino Cué, mientras que 23.4% en la administración pasada.

A noviembre, la deuda pública sumaba 7 mil 346.95 millones de pesos; por Créditos Bono Cupón Cero, 3 mil 387.92 millones de pesos, y por Bursatilización 2007, 3 mil 289.96 millones.

En sus argumentos, la dependencia precisó que existen financiamientos considerados deuda directa y otros obligaciones de pago.

Los créditos Bono Cupón Cero “no representan endeudamiento para el estado, porque el pago del principal está a cargo de la Federación; solamente se pagan intereses, por ello se considera como una obligación de pago. El Crédito Banobras-Justicia Penal se encuentra en proceso de disposición. La Bursatilización 2007 está contratada en Udis y se considera como una obligación de pago”.

Tema educativo, a la deriva

Otro de los saldos del sexenio fue la inconclusa reforma educativa, cuya lucha magisterial en contra derivó en un enfrentamiento con policías con saldo de al menos ocho muertos.

Tras el análisis, discusión y aprobación por parte del Poder Legislativo, el 7 de febrero ambas cámaras del Congreso de la Unión declararon constitucional dicha reforma. Sin embargo, en el caso de Oaxaca, el Congreso local obvió la aprobación o rechazo, tras diversos amagos y manifestaciones de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Pese a ello, el gobierno federal respaldó a la administración de Cué en la aplicación de las nuevas reformas, que el magisterio consideró sólo administrativas y laborales.

El 22 de julio de 2015, con inusitado respaldo de miles de policías federales; del presidente Enrique Peña Nieto, y de la Secretaría de Educación Pública, incluida la presencia de al menos tres secretarios, entre ellos Emilio Chuayffet Chemor, el gobierno de Oaxaca dio a conocer un decreto para reformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Con ello, se retiró a profesores integrantes de la Sección 22 de mandos directivos del IEEPO, lo que originó una nueva confrontación entre sindicato y autoridades. Para aplacar la rebelión, se inició la detención de al menos ocho principales, entre ellos Rubén Núñez Ginez.

Tras esta última aprehensión, el gobierno determinó retirar la ocupación de la sede del IEEPO la noche del 11 de junio de este año, lo que arreció las confrontaciones, que derivaron en un enfrentamiento el 19 de junio.

En Asunción Nochixtlán y tres puntos más del estado se originaron choques que dejaron más de 200 heridos y ocho muertos, cuyos autores materiales aún no son detenidos.

El director del IEEPO —quien se prevé continúe en el cargo—, Germán Cervantes Ayala, jamás conoció sus oficinas en el edificio principal, pues continúa un reducido plantón.

“Además de la lucha educativa, es una confrontación política. Si hay un logro, el que menos obtuvo algo fue la educación y la niñez. En sus diferentes etapas en la relación, generalmente la Sección 22 impuso sus condiciones al gobernador y en unos momentos fue viceversa, aunque más bien Cué se plegó al gobierno federal”. Así lo explica el ex director de Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Porfirio Santibáñez, quien precisa que el centro de la confrontación jamás fue la educación, sino temas de carácter político y administrativo.

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