Privatización. Conflicto en Los Cabos por las playas

LOS CABOS

En Los Cabos, residentes y turistas mexicanos deben pelear por un espacio en las playas, donde grandes cadenas han fincando sus complejos hoteleros. Este conflicto se agudiza, porque los residentes poco a poco se quedan sin espacio para disfrutar de la arena dorada y las aguas color esmeralda del destino, cuya tarifa promedio por noche alcanza los 240 dólares.

Las restricciones para ingresar a las playas son especialmente para los residentes, aunque también ha ocurrido con turistas nacionales, según promotores de servicios turísticos.

Luis Alberto Villanueva llegó hace ocho años a Cabo San Lucas y trabaja en un hotel. Refirió que esta situación de limitar los accesos a las playas ocurre con más frecuencia y en varios puntos de la bahía. “En Palmilla, Hacienda, en El Médano, en todos lados nos van quitando espacio”, expresó.

Alfredo Hernández, quien ofrece sus servicios en la playa de El Médano, en la zona del Mango Deck —el restaurante bar preferido por los estadounidenses que visitan el área— indicó que el interés de muchos de los hoteleros y restauranteros alcanza no sólo a las playas, sino precisamente a sus accesos y andadores, “ahorita Cabo Villas tiene acaparado un andador municipal”, dijo. El problema se da tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, comentó Cuauhtémoc Morgan, activista y quien recibe en su blog de denuncias quejas a diario.

Morgan señaló que a lo largo del corredor turístico —33 kilómetros— no existen señalamientos de playas públicas, pero sí casetas de seguridad a la entrada de los hoteles; eso inhibe a los residentes, quienes ni intentan acceder por las negativas recurrentes.

En la playa El Médano, que se ubica en plena bahía, rodeada de hoteles lujosos y plazas comerciales, “hay una guerra de intereses, todo mundo peleando espacio. Y hay una clara invasión: un restaurante que se adueña de una calle y la hace su estacionamiento”.

Julio Gómez, activista en defensa de las playas, declaró que de no ser por la presión ciudadana, particularmente en este sitio, los hoteleros y restauranteros de la zona habrían dejado hace unas semanas postes con cuerdas delimitando su espacio y retirando a los locales.

Algunos vendedores de El Médano narraron cómo los hoteleros han llegado a bajar sus camastros muy cerca del mar e impiden que puedan trabajar. Se quejaron de que esto sucede a pesar de contar con todos sus permisos y pagos ante el municipio. Además, indicaron que se exceden de su propiedad y concesión.

“Bajan sus camastros y acaparan todo, más allá de lo que les toca. O si no, nos dicen que no podemos pasar porque hay tortugas, y no es cierto. Si fuera así, no pondrían sus motos. Y así, ahí nada más tienen a los estadounidenses como en un corral”, expresó Miguel Ángel Montañez. Aunque por momentos se controla la situación a partir de la presión social, el problema no ha sido resuelto del todo por las autoridades de los tres niveles de gobierno, que se han comprometido con ello.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, Eréndira Valle Padilla, especialista en Historia Ambiental y doctorante en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), recordó que la Zona Federal Marítima Terrestre puede concesionar espacios para conservación o uso comercial, pero éstos, dijo, “no deberían ser espacios privativos, sino compartidos con la sociedad. El que se estén privatizando las playas y limitando su acceso habla no sólo de una mala visión y decisión de los desarrolladores, nos habla de que las autoridades no están actuando frente a una ilegalidad. Y la ciudadanía debe seguir exigiendo acciones”, apuntó.

Apropiación arbitraria. Agustín Bravo Gaxiola, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, zona noroeste, calificó estas restricciones a las playas y a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zomefat) como “arteramente arbitrarias”. Coincidió en que son para “disfrute compartido. Si esto persiste, nos habla de una abdicación del ejercicio de la autoridad de parte de la Profepa, de la Sermanat y de la PGR. Además, es una reprobable actitud del sector privado, que entonces está viendo a la población de Los Cabos prácticamente como insumos para su proceso productivo y nada más”.

El regidor Jesús Flores, secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, indicó que los conflictos en las playas obligan a una urgente “revisión exhaustiva de toda la zona”, de las concesiones y permisos para los prestadores de servicios y vendedores.

“Hay muchos conflictos y por ello se debe hacer una revisión. Pero ante todo, hacer valer la ley y en esa parte sí no hay que buscarle mucho: la legislación dice que debe haber libre tránsito y disfrute de playas de todos, pero sobre todo de los locales”, comentó, al tiempo que declaró que se solicitó que comparezca ante Cabildo el titular de Zofemat Los Cabos, Juan Adolfo Orcí, para atender el tema.

De acuerdo con el reglamento de la Zofemat, la playa —bien público— se determina considerando 20 metros después de la pleamar, la distancia que alcanza la última ola, la marea más alta.

El crecimiento de Los Cabos continuará, según ha advertido la secretaría de Turismo estatal, que estima se agreguen unos 4 mil nuevos cuartos de hotel en 2017.

En tanto, la Asociación de Hoteles, en junio pasado refirió que se proyectan para el próximo año —algunos ya están avanzando— la llegada de más grandes hoteles como Montage, Grand Velas, Hard Rock, Le Blanc Spa y VieVage.

EL UNIVERSAL contactó al Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos y a las delegaciones de la Sermanat y Profepa en BCS, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta sobre el tema.