Entregarán paquete de Disciplina Financiera al Congreso de Q. Roo

El paquete en materia de Disciplina Financiera, entregado por el gobierno de Quintana Roo al Congreso del estado, será presentado mañana al pleno para discutir la abrogación de la Ley de Deuda Pública, reformas a las Leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Coordinación Fiscal, del Órgano de Fiscalización Superior, de la Responsabilidad de los Servidores Público y a la propia Constitución del estado, entre otras.

Las siete iniciativas para armonizar la legislación local con la Ley General de Disciplina Financiera, fueron enviadas al Congreso estatal por el gobernador, Carlos Joaquín, a través del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara, el viernes pasado.

El paquete a analizar, discutir y someter a votación, establece nuevas reglas y mayores controles en la materia. El plazo para enviar a publicación lo aprobado vence el martes próximo.

Por la mañana las iniciativas serán presentadas al pleno, durante la tarde-noche se discutirán en comisiones para elaborar un dictamen y éste será turnado al pleno el martes para someterse a votación y que el Ejecutivo del estado las publique en el Periódico Oficial estatal.

Acota a estados y municipios en materia financiera

El presidente de la Comisión de Hacienda, en la 15 Legislatura, Emiliano Ramos Hernández, explicó que el paquete de iniciativas a discutirse lunes y martes, busca impedir –entre otras cosas- que los estados y los municipios contraigan créditos de corto plazo que no puedan pagar antes de que culmine su gestión.

También, evitar que los créditos solicitados por el actual y los futuros gobernadores o presidentes municipales, se destinen –como ocurrió en el pasado- al pago de nómina o rubros que no sean el de inversión público productiva, concepto que se precisa y acota, ya que actualmente “está abierto a lo que quieran”.

Además, se pretender frenar que se pidan préstamos para pagar los intereses que genera la propia deuda, bajo condiciones desfavorables y a costa de seguirse endeudando, dijo.

“Contrario a lo que marca la ley, el gobierno anterior contrató con las peores condiciones de pago, con la tasa de interés más alta.

“Quintana Roo está pagando anualmente mil millones de pesos; lo que la nueva administración está buscando es bajar ese monto a 600 millones de pesos, renegociando las condiciones de pago, según la información que tenemos de Sefiplan”, manifestó.

Paquete legislativo no es reestructura, ni refinanciamiento

A pregunta expresa, rechazó que con la aprobación de estas iniciativas se esté “dando un cheque en blanco” a la administración de Carlos Joaquín, para refinanciar la actual deuda, que asciende a 19 mil millones de pesos que, sumados a la deuda contingente –es decir, en la que figura como aval- suman 22 mil millones 165 mil.7 de pesos, lo que coloca a Quintana Roo como la segunda entidad con mayor deuda per cápita de México.

Tampoco –subrayó- se estaría aprobando -con estas iniciativas- una reestructura de la deuda, es decir, que este gobierno renegocie las tasas de interés de la deuda ya contratada por los ex gobernadores, Félix González Canto y Roberto Borge, con diversas instituciones financieras.

El legislador aclaró que con este paquete de iniciativas, no se está aprobando “necesariamente”, ni una reestructura, ni un refinanciamiento, pero sí establece nuevas reglas en caso de que el ejecutivo del estado llegue a optar por una, otra o ambas opciones.

Nuevo gobierno busca reestructurar deuda

Una consulta hecha por EL UNIVERSAL a la Ley General de Disciplina Financiera, permite confirmar que reestructurar y refinanciar la deuda pública, no es lo mismo, aunque erróneamente existan autoridades o funcionarios públicos que manejen ambos conceptos como sinónimos.

En términos llanos, reestructurar una deuda significa modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento, es decir, ampliar los plazos a pagar y reducir el pago de intereses; en tanto, refinanciarla implica solicitar uno o varios créditos nuevos, para pagar la propia deuda.

La semana pasada, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, declaró que su gobierno ha entablado comunicación con instituciones financieras, públicas y privadas, para reestructurar la deuda.

“En eso estamos, en una reestructura de la deuda, que nos permita bajar las tasas de interés, que son altas (…) estamos trabajando de manera interna y una vez que tengamos soluciones se las plantearemos para buscar si la reestructura es de manera directa con un banco o en una subasta, que sería quizá la parte más transparente y la que mejor resultados nos arrojaría”, declaró el mandatario.

Sin auditoria previa, reestructura equivaldría a impunidad

Lo dicho por Joaquín González ha sido interpretado a nivel local como la antesala de un posible refinanciamiento, aunque en teoría esté hablando sólo de reestructura.

En cualquiera de los dos casos, si opta por cualquier de las dos alternativas o por ambas, implicaría avalar el manejo financiero de la deuda pública hecho por sus antecesores, Roberto Borge y Félix González Canto, así como el blindaje involuntario de ambos, si antes de ello no realiza la auditoría que prometió en campaña, presenta los resultados públicamente y entabla las denuncias penales y administrativas correspondientes.

El diputado Emiliano Hernández, admitió que reestructurar o refinanciar la deuda, antes de hacer la auditoria y denunciar, equivaldría a dar impunidad a los ex mandatarios. “Por supuesto que no respaldaríamos algo así”, dijo.

Aceptó además que el gobierno estatal se encuentra entrampado parcialmente, ya que tampoco han podido hacer la auditoria, a través de la Auditoria Superior del estado, al no confiar en su titular, Javier Zetina, personaje impuesto por la anterior legislatura como parte del llamado “paquete de impunidad” para blindar a Borge.

“No se puede hacer una auditoría, porque no hay confianza en el auditor. Lo ideal sería que lo hiciera la Auditoria Superior del estado, pero no hay esa confianza”, respondió, para coincidir en que podría realizarse una auditoria externa, a través de un despacho privado, pero eso requiere dinero y concenso en cuanto a qué empresa elaboraría la revisión.

“Sefiplan está haciendo sus propias revisiones; están investigando toda la información para tener claro en qué se gastó el dinero de la deuda pública, antes de avalar ese tema (una reestructura o refinanciamiento) y nosotros daremos a conocer la información, explicarla. O sea no hay cheque en blanco. No vamos a aprobar nada que no tengamos claridad”, sostuvo.

msl