El gobierno del estado de Morelos anunció que aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de las fosas de Tetelcingo.

En un comunicado, el gobierno de Graco Ramírez admitió como un acto grave que debe sancionarse el hecho de haber enviado a una fosa común a Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien había sido identificado por sus familiares y autoridades de la Fiscalía Regional Oriente.

En este caso, los restos de Oliver debieron entregarlos a sus familiares.

La administración estatal “respaldará a los familiares de la víctima para reparar en todos sus términos el daño causado. Lo mismo ocurrirá en otros casos”, aseguró.

En otro punto, admitió que se utilizó una fosa común de un panteón que no cumple con las normas depositar los restos de personas desaparecidas. Sin embargo, insistió en que no se trata de una fosa clandestina.

Dijo coincidir con la recomendación 48/2016, en la que el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López, aclaró que no se trata de una fosa clandestina, sino común, —lo que es legal— pero está en un panteón que no cumple con la debida regularización.

En otro punto se refirió a los 119 cadáveres y bolsas con restos humanos depositados en el Servicio Forense y desglosó los años en que fueron depositados los restos de los 117 cuerpos restantes: dos en 2010, 14 en 2011, 64 en 2012 y 37 en 2013.

Sobre el tema en el que la CNDH le pide al gobierno de Morelos que cumpla con la legalidad y certeza jurídica, dijo que la administración local asume ese compromiso y “quedó de manifiesto cuando la Fiscalía General del Estado pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la República y de la Policía Científica de la Policía Federal, en el proceso de exhumación para la toma de muestras biológicas a cada uno de los cuerpos depositados en la fosa común de Tetelcingo”.

Agregó que en el proceso, los cuerpos fueron depositados con dignidad y respeto en un nuevo panteón, en una fosa ministerial con gavetas para facilitar su localización e identificación y lo mismo se hará en el caso de Jojutla.

Por último, dijo que solicitará a la CNDH que emita una recomendación a todas las instancias de procuración de justicia del país para que, a través de un protocolo y normas unificadas, se proceda a transparentar y regularizar todas las fosas comunes.

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