La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó al gobierno municipal de Solidaridad, la inscripción del crédito por mil 30 millones de pesos que regidores aprobaron irregularmente y que fue avalado por la anterior Legislatura, lo que implica la imposibilidad tácita de disponer del dinero.
 
Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación, determinó la improcedencia de inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios de la Secretaría, el millonario crédito contratado con Bansi.
 
Para acceder al crédito, uno de los requisitos es que éste quede inscrito en el Registro de Obligaciones, pero para que esto ocurra deben cumplirse una serie de consideraciones que no fueron subsanadas por el gobierno de Solidaridad, encabezado por el alcalde, Rafael Castro Castro.
 
En términos llanos, al no quedar inscrito el crédito, no se puede disponer del dinero.
 
Entre los puntos que no se subsanaron, está el que el refinanciamiento o crédito se aprobó para inversión pública productiva, mediante decreto 407; sin embargo, no se considera como tal, los refinanciamientos o reestructuraciones de deuda.
 
“Por lo anterior, al no acreditar que el destino de inversión pública productiva no incluye el refinanciamiento y la reestructuración, no fue subsanado ese punto”, se lee en el dictamen emitido por la Unidad de Coordinación, documento al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
 
El segundo punto no subsanado consiste en la ausencia de certeza acerca de que el listado de proyectos autorizados, cumpla con la definición de Inversión Pública Productiva, contenida en la Ley de Disciplina Financiera (LDF).
 
La Unidad de Coordinación detectó que la documentación presentada por el gobierno de Solidaridad, no es original, ni copia certificada como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 17-A.
 
Tampoco se subsanó lo referente al refinanciamiento de obligaciones de corto plazo, debido a que “no se acreditó que el destino del contrato, no será el refinanciamiento de obligaciones a corto plazo a cargo del municipio”.
 
Un punto más, no subsanado fue la incapacidad del ayuntamiento para demostrar que se cumplió, al momento de contratar el crédito con Bansi, garantizar las mejores condiciones de pago.
 
“No es claro que la oferta ganadora (la asignación a Bansi) represente el costo financiero más bajo, condición necesaria para la contratación de obligaciones y financiamientos de conformidad con lo establecido en la fracción VIII del Artículo 117 constitucional”, se lee.
 
El edil, Rafael Castro, no pudo acreditar que se cumplió con el procedimiento de licitación pública, a partir de una convocatoria, que el concurso se haya realizado de manera simultanea, ni que el ganador se haya dado a conocer en un plazo no mayor a dos días hábiles.
 
“Derivado de lo anterior, no es posible continuar con el proceso de inscripción del contrato de Registro”, se concluye.
 
El total de inconsistencias detectadas por la Unidad de Coordinación, es coincidente con los puntos contenidos en las denuncias que la alcaldesa electa, Cristina Torres, presentó ante la Secretaría de Hacienda federal, el mes pasado.

cfe

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