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Juchitán.— Las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa denunciaron que talamontes chiapanecos “siguen aprovechando ilegalmente” los bosques zoques, por lo que emplazaron al gobierno federal a que frene la devastación “antes que se agote la paciencia de los Chimalapas”.
El presidente de los comuneros, José Medel Jiménez Cruz, dijo que en un recorrido por la zona oriente limítrofe entre Oaxaca y Chiapas, donde se localiza la zona del conflicto por la posesión de 150 mil hectáreas, se observó que “persiste la tala clandestina de pinos”.
Aseguró que los pobladores de las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, que pertenecen al municipio, “están muy enojados y quieren detener a los talamontes”.
Denunció que el derribo de los pinos para el aprovechamiento ilegal de la madera se presenta en los parajes conocidos como El Quebrachal, La Hondonada, San Marcos y La Gloria, donde hay grandes áreas “pelonas” de pinos, según constataron las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa.
De acuerdo con la denuncia de los pobladores, los talamontes son del municipio de Cintalapa, Chiapas, y cuentan con el apoyo de los habitantes del ejido Rodulfo Figueroa, donde el Congreso chiapaneco instaló ilegalmente el municipio de Belisario Domínguez.
“Nosotros vamos a esperar a que las autoridades de la Semarnat actúen y que la Secretaría de Gobernación cumpla su compromiso adquirido en 2012, de garantizar la paz” en la zona donde Chiapas y Oaxaca disputan desde hace 49 años, unas 150 mil hectáreas.
Denuncian agresiones. El pasado 5 de agosto, en un escrito enviado al titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa denunciaron que la policía municipal del “ilegal ayuntamiento de Belisario Domínguez” agredió a una familia zoque de San Antonio.
Aseguraron que la policía disparó en contra de los hermanos Eduardo, Natanel y Saúl Ruiz López y en contra de Teresa López Gómez, “para amedrentarlos” a pesar de que los comuneros de San Antonio se encontraban en sus propia tierras comunales.
Con la intervención de la Segob, el gobierno de Chiapas retiró a los policías del ejido Rodulfo Figueroa ante la advertencia de los pobladores zoques de San Antonio y Benito Juárez de que detendrían a los agresores si no se iban de la zona del conflicto.
“Los policías se retiraron a Cintalapa, Chiapas, pero ahora hay una nueva provocación por parte de los talamontes chiapanecos que ilegalmente están aprovechando la madera que extraen de los árboles de pino que talan clandestinamente”, insistió José Medel Jiménez Cruz.
El domingo 19 de julio de 2015, comuneros zoques de Santa María Chimalapa ingresaron al ejido Rodulfo Figueroa e impidieron la realización de las elecciones municipales, donde se votaría para elegir a las autoridades de Belisario Domínguez.
Durante esa incursión, los chimalapas le prendieron fuego al palacio municipal, a una ambulancia y a una patrulla de la policía estatal chiapaneca, además de que destruyeron la papelería electoral en protesta porque, según ellos, el gobierno de Chiapas no ha respetado las resoluciones judiciales.
“Nosotros vamos a esperar un tiempo prudente para que las autoridades frenen la tala clandestina, pero le decimos al gobierno que la paciencia de los chimalapas de San Antonio y Benito Juárez se agota”, advirtió José Medel Jiménez Cruz.
