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Las embajadas de Francia, Italia, Portugal y de los Países Bajos, en México, solicitaron formalmente la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que las autoridades competentes abran una “profunda y seria investigación” sobre el desalojo irregular de 16 inmuebles localizados en las costas de Tulum, en la zona de Punta Piedra, el pasado 17 de junio.
En una carta dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, titulada por la canciller, Claudia Ruíz Massieu, los diplomáticos le expresan su preocupación ante la violenta incursión de grupos de choque, respaldados por policías municipales, para ejecutar una orden de desalojo emitida por un juzgado radicado en Playa del Carmen, “aparentemente sin previo aviso”.
Las embajadas de Francia, Italia, Portugal y de los Países Bajos, mencionan que “no pueden juzgar la situación jurídica de cada hotel desalojado, pero quieren hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades competentes hagan una profunda y seria investigación para determinar con toda justicia y, de acuerdo a la Ley, los derechos de los operadores e inversionistas de los hoteles en esa zona de Tulum”.
La carta está fechada el cinco de julio en la Ciudad de México y posee los sellos de las embajadas de los países antes citados, en México.
La mañana del 17 de junio pasado, ocupantes de casas privadas, hoteles y ejidatarios propietarios de terrenos en breña, localizados en casi un kilómetro de línea de costa, en Punta Piedra, ejido de José María Pino Suárez, despertaron con el ruido de más de 200 sujetos, vestidos con playera negra y a la espalda la leyenda de “seguridad”, quienes con palos y piedras forzaron el cumplimiento de una orden de desalojo con numero de expediente 326/2016, emitida por el juez, Gustavo Efraín Chan Caamal.
Dueños, empleados y turistas fueron echados a la calle, en un operativo respaldado por la policía municipal, en la que no medió una notificación previa, a decir de las y los afectados.
El juicio es promovido por el empresario regiomontano, Esteban Schiavon Magaña, quien se asume como propietario legítimo; las y los desalojados se asumen como legítimos dueños, amparados por certificados de posesión que datan de más de 10 años atrás, cuando compraron a ejidatarios.
Algunos de los afectados, incluso son hijas e hijos de ejidatarios propietarios de las tierras, quienes acusan a Schiavon de exhibir escrituras falsas. El empresario ha buscado llegar a un acuerdo con las y los afectados para que le “compren” los predios en juego.
Los desalojados rechazan esa alternativa, al considerarla la consumación de un fraude masivo, al pretender venderles lo que ya es suyo.
En busca de una explicación, el primero de julio acudieron a las instalaciones del Poder Judicial en Playa del Carmen, para hablar con el juez Chan Caamal, quien les dijo que –pese a haber sido echados de los inmuebles- no tienen personalidad jurídica para acceder al expediente, al no ser parte del caso, que involucra a Schiavon, como quien rentó los inmuebles a dos personas, una de ellas, entrenadora de delfines.
Como ambos dejaron de pagarle la renta, Schiavon Magaña inició el juicio en su contra para desalojarles; sin embargo, la pequeña comunidad de Punta Piedra coincide en que no conocen al par de personajes que supuestamente arrendaban al empresario y aseguran que son dos “figuras falsas” para justificar el despojo de propiedades.
La operación es similar a la que se ejecutó en 2014, cuando a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, se despojó a propietarios de hoteles, también en Tulum, para entregarlos como indemnización a supuestos “trabajadores” que iniciaron juicios laborales, presuntamente armados.
