ONU ve riesgo por obras inconclusas en presa El Zapotillo

El deterioro en las obras de la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, detenidas en octubre de 2013 por orden de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representan un riesgo para las poblaciones de Palmarejo, Acasico y Temacapulín, según un estudio realizado en mayo de 2016 por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Como parte del contrato firmado con el gobierno de Jalisco para determinar la viabilidad de esta presa –proyectada originalmente a 80 metros de altura y después a 105 metros, con lo que se inundarían los poblados de Palmarejo, Acasico y Temacapulín– la UNOPS realizó una evaluación del comportamiento de la presa en las condiciones en que se encuentra (con una cortina inconclusa a 79.70 metros de altura) en caso de un intenso temporal de lluvias.

Según el documento, que se basó en la posibilidad de precipitaciones extraordinarias que generen una “crecida histórica” del río, similar a una registrada en 1973 según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), si se dieran condiciones similares y se obstruyeran los dos canales de desvío del río, ocurriría un llenado “súbito” de la presa que la rebasaría y pondría en riesgo a las poblaciones.

Ante este panorama, la UNOPS –que cobrará 4.6 millones de dólares por el estudio de viabilidad– recomendó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualizar el “Plan de Emergencia del Río Verde” realizado en 2014, echar a andar un programa de seguridad para la presa e implementar un Plan de Emergencia involucrando a Protección Civil y organismos del estado.

Atendiendo a estas recomendaciones, el pasado 24 de junio la dependencia federal, en compañía de los alcaldes de la región y de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, realizaron un recorrido de inspección en el que se planteo la creación de un plan de desalojo de las tres comunidades, lo que fue considerado por los pobladores como otra estrategia para sacarlos de sus tierras.

El vocero de Temacapulín, Gabriel Espinoza Íñiguez, indicó que se enteraron del recorrido y lo que se pactó ahí gracias a la información que les brindó un regidor de Cañadas de Obregón; aseguró que ahora las autoridades estatales presionan a los habitantes de Palmarejo para que dejen sus casas y vayan a vivir Talicoyunque, el nuevo centro de población que se construyó para desalojar a la gente de Temacapulín.

Sin embargo, recordó que en ese sitio no hay servicios básicos debido a que el Tribunal Administrativo del Estado también detuvo su construcción por considerar irregular el proceso.

Consideró que en todo esto hay una agenda oculta por parte del gobierno del estado, la Comisión Nacional del Agua y la misma UNOPS para impulsar la conclusión de la presa a 105 metros de altura.

Por lo anterior, el Colectivo Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), la plataforma Tóma la Ciudad y el Colectivo de Abogados/as, solicitaron al Congreso de Jalisco que la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua creada por los actuales legisladores en mayo pasado, cumpla con los principios de un parlamento abierto para permitir la discusión y debate entre expertos, sociedad civil, dependencias y funcionarios requeridos en las comparecencias.

Al respecto, María Gónzalez Valencia, de Imdec, recordó que la intensión de un parlamento abierto es lograr un verdadero debate, pues los legisladores y sus asesores no son expertos en todos los temas y deben permitir la intervención de quienes sí lo son para auxiliar el proceso legislativo.

Indicó que en estas comparecencias la Conagua debe explicar a detalle en qué consisten las recomendaciones de la UNOPS por el descuido y la falta de mantenimiento en las obras de El Zapotillo.

Por su parte, Irene Bonilla señaló que los funcionarios estatales deben explicar porqué los balances hídricos de la región de Los Altos, realizados tanto por el IMTA como por la UNOPS, contemplan sólo el estudio de aguas superficiales y no incluyen el comportamiento de las aguas subterráneas, lo que provocará que la información con la que se tomen las decisiones definitivas sobre el futuro de la presa sea incompleta.

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