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Tuxtla Gutiérrez.— La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas detuvo a seis personas vinculadas presuntamente con el homicidio del alcalde Domingo López y otras cuatro personas el pasado sábado.
De forma paralela, el gobierno estatal instaló la Comisión para la Reconciliación del Municipio de San Juan Chamula, en la que participan funcionarios estatales, del ayuntamiento, autoridades tradicionales y representantes de organismos de derechos humanos nacional y del estado, así como legisladores locales y federales.
El gobernador Manuel Velasco, en su cuenta de Twitter, informó que en este primer encuentro pactaron “trabajar por un acuerdo de paz y desarrollo” en el municipio tzotzil de los Altos de Chiapas, donde un grupo de pobladores —más de 2 mil de 30 comunidades— se manifestó el sábado para exigir el pago de diversas obras y programas, así como la destitución del edil.
Cerca de las 9:00 horas de ese día, desde el balcón de la presidencia municipal, el edil quiso calmar a los chamulas al señalar que se entregarían los recursos, pero algunos comenzaron a disparar y provocaron la muerte de cinco personas y lesiones a 21 más.
El presidente municipal falleció dentro del edificio del ayuntamiento, a donde ingresó un grupo que lo arrastró a la plaza central para ser exhibido ante la multitud. En un video difundido en redes se observa cómo el cuerpo es lacerado, mientras unos hombres continúan disparándole.
La PGJE informó que tienen identificadas a varias personas que facilitaron el crimen. El gobernador adelantó a EL UNIVERSAL que “en las próximas horas la policía va a tener a todos los implicados en el homicidio”.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno chiapaneco medidas cautelares urgentes para evitar mayores daños “de imposible reparación”.
“La CNDH considera que, en ese caso, se cumple con los requisitos que deben cubrir las medidas cautelares para proceder a su otorgamiento, que permitan restablecer el orden público y evitar más confrontaciones”.
La Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas acusó al PVEM en Chiapas por los hechos: “El deseo de tomar el control del estado por parte de quien dirige al Verde [Eduardo Ramírez] en la entidad (...) encaminaron a este desenlace”.
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