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Chenalhó.— Guadalupe Cruz Hernández, de 54 años, fue sometido por los agresores que entraron a su casa. Se arrodilló y suplicó que no lo mataran; a cambio recibió dos disparos en el abdomen y otro en el costado. Sus hijos y esposa lo rescataron y llevaron a su cama, donde murió.

Fue el jueves 26 de mayo después de finalizar el plebiscito que ordenó la renuncia de la edil Rosa Pérez Pérez por ser mujer y que dio paso como suplente al síndico Miguel Sántiz Álvarez.

Al finalizar la asamblea extraordinaria, los miles de tzotziles simpatizantes del nuevo alcalde tomaron los camiones de redilas para regresar a sus comunidades.

Un grupo de 50 tzotziles subió a las montañas a bordo de dos camiones Nissan tipo estaquitas. Eran las 12:30 del día, “hora de Dios”, como dicen ellos, cuando notaron que varios hombres armados con palos, varillas y rifles los esperaban en la entrada del ejido Puebla.

De los rostros enfurecidos de los tzotziles armados salieron maldiciones y amenazas:

—“Los vamos a matar. Ustedes son los culpables de la renuncia de la licenciada Rosa”—, les dijeron

Fue entonces que sonaron los ecos de los primeros disparos.

Mientras algunas víctimas eran alcanzadas por las piedras, otras eran apaleadas o heridas a balazos. La mayoría corrió por diferentes puntos del pueblo y después huyeron a esconderse a los cerros.

Adriana Méndez Gutiérrez, de 12 años de edad, jugaba con sus hermanos en su casa. Salió a la calle cuando escuchó el bullicio sólo para recibir un disparo en la frente. Cayó al piso gravemente herida.

Guadalupe Cruz Hernández murió en su cama a las 18:30 horas rodeado por sus hijos que no pudieron trasladarlo al hospital de San Cristóbal de las Casas porque estaban sitiados.

Sólo dejaron pasar a la niña, quien llegó al hospital de Las Culturas y ante la gravedad de la lesión la enviaron a Tuxtla Gutiérrez, donde murió.

Reacciones. Pasaron 24 horas antes que la Subprocuraduría de Justicia Indígena recibiera instrucciones y realizara un operativo para rescatar a los seguidores del alcalde sustituto.

Fue así que 287 personas, entre hombres, mujeres y niños, de un total de mil 245 habitantes, pudieron salir del ejido y atender a sus heridos, quienes morían desangrados en sus casas o donde pudieron resguardarse.

Cuando los policías llegaron detuvieron a dos presuntos agresores: José Cruz Gómez y Javier “N”, de 19 y 14 años, respectivamente.

Desde 1997 en este ejido ha sido constante la violencia y la expulsión de familias por problemas políticos y religiosos. De aquí salieron algunos de los paramilitares que atentaron contra 47 indígenas en la matanza de Acteal en 1997. Y de aquí es el ex alcalde Jacinto Arias Pérez, liberado en 2013 tras ser acusado de participar en dicha matanza, el mismo que meses antes de los hechos pidió al presidente Ernesto Zedillo les permitiera a las comunidades portar armas de fuego para su “defensa personal”.

Desplazados en la Casa de la Cultura. En la casona de la Casa de la Cultura Manuel Arias Sojob, los desplazados pernoctan en los salones, han instalado plásticos y cartones para dormir en el suelo. La biblioteca Rosario Castellanos es el único espacio sin habitar.

Abelino pernocta en un salón con un tejado averiado, donde los días lluviosos se le dificulta conciliar el sueño porque tiene que colocar trastos para que el agua no corra por el piso.

Sus hijos Braulio y Fernando, de siete y nueve años, le dicen que ya quieren regresar a casa.

Los agresores no se conformaron con atacar a los seguidores de Sántiz Álvarez. Destruyeron y saquearon 22 casas y cuatro más las incendiaron, dos de éstas propiedad de Abelino, quien perdió ropa, aparatos eléctricos, enseres domésticos, documentos y dinero en efectivo.

En el patio de la casona, elementos de Protección Civil instalaron carpas y fogones de leña para que las mujeres cocinen, mientras en la plaza central, los agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) toman alimentos en comercios, juegan cartas con las camisas abiertas o matan el tiempo en el kiosco, frente al templo de San Pedro.

—¿Ustedes quieren regresar a Puebla?—, ¬se le pregunta a Abelino.

—No, todavía no. Queremos que haya intervención del gobierno y detenga a quienes hayan matado. Queremos justicia ¿Cómo es posible que el gobierno no aplique la ley? Si no aplica la ley empieza la venganza. Y la venganza no sirve para nada.

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