Representantes de la Iglesia católica, organismos internacionales, instituciones públicas y políticos condenaron la muerte de ocho personas y la violencia suscitada durante el enfrentamiento entre maestros de la CNTE y fuerzas policiacas en Oaxaca.
En todos los frentes, coincidieron en privilegiar el diálogo y la paz pública, así como realizar las investigaciones pertinentes y esclarecer el caso.
El arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, convocó a fieles a la sensatez y a la prudencia, pidió no promover rumores durante esta etapa difícil que se vive en Oaxaca. Dijo que la Iglesia se solidariza con las familias de los fallecidos y heridos.
Por su parte, el prelado de Tehuantepec, Oaxaca, Óscar Campos Contreras, pidió privilegiar el diálogo “transparente y honesto” por encima de la violencia, a fin de superar los retrasos sociales que aquejan a esa región.
Aseguró que la actual tensión social no puede verse como un “problema pasajero”, pues tiene como “caldo de cultivo los rencores alimentados por las carencias frustraciones sociales”.
Asimismo, Raúl Vera, obispo de Saltillo, señaló que la represión contra los profesores de la CNTE en Oaxaca es una muestra más del “perfil criminal” del presidente Enrique Peña Nieto
El religioso indicó que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México dio muestras de “su perfil de dictador” con la represión de Atenco y ahora en Oaxaca vuelve a optar por la vía violenta.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación y pidió el esclarecimiento del caso. Dijo que se desconoce el número de personas detenidas durante el enfrentamiento y el grado de involucramiento de las autoridades estatales y federales.
La organización hizo un enérgico llamado para que las investigaciones sobre la violencia sean independientes, oportunas, transparentes y se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás implicados. Pidió que las declaraciones realizadas por las autoridades deslindándose de este evento no se utilicen para socavar o distraer las indagatorias.
De igual forma, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) rechazó la violencia “porque atropella las leyes, niega la política y vulnera gravemente la democracia, y exige que se investigue lo ocurrido y se castigue a los culpables”. Mientras tanto, legisladores del Congreso de la Unión exigieron una investigación a fondo de los hechos.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil (PAN), aseguró que debe existir una investigación sobre el uso de la fuerza en Oaxaca, pero también para esclarecer la presunta participación de “grupos infiltrados” en el magisterio disidente.
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