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Cancún.— La Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos documentó abuso de autoridad y casos de presunta tortura por parte de policías de Solidaridad y Tulum, que se enfrentaron con pobladores de Akumal cuando intentaron abrir el acceso a las playas, bloqueado por el Centro Ecológico Akumal y un hotel.

En contraste, la Procuraduría de Justicia estatal informó que la participación de agentes municipales de Tulum siempre fue en posición “conciliatoria, preventiva y con la consigna de mantener el orden y la paz social”.

Anoche, habitantes de la comunidad participaron en una marcha pacífica para intentar acceder a la zona de playas de la bahía de Akumal, entrada que se encuentra dentro de un predio privado, propiedad de Laura Bush, dueña del hotel Club Akumal Caribe.

El acceso estuvo abierto durante años al público y a través de él, los lugareños entraban a las playas, hasta que se decidió cerrar el paso, lo que provocó un conflicto en 2013, que se ha agudizado hasta estallar en conflicto social.

Entre los participantes en la protesta pacífica, hubo personas que con palos intentaron abrir el paso a través del acceso; los guardias privados que resguardan la zona trataron de impedirlo, llamaron a la fuerza pública y se desató un enfrentamiento en el que policías lanzaron bombas molotov y dispararon al aire, además de perseguir a los participantes en la marcha, a quienes golpearon y lesionaron, denunciaron manifestantes.

El representante estatal de la organización, Leonardo Kumul, calculó más de 100 lesionados, algunos de gravedad.

En un comunicado, el procurador de justicia del estado, Carlos Álvarez, informó que la participación de la policía municipal fue en posición conciliatoria e indicó que no han detenido a ningún manifestante, ni recibido denuncias.

“Es un problema entre particulares; sin embargo, al darse incidentes violentos que ponen en riesgo la vida de las personas y la paz social, recibe atención inmediata de las autoridades.

“Se están realizando las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos, y el caso está siendo atendido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y por la Secretaría General de Gobierno”, dijo.

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