Congreso opaco y sumiso, acusan

La actual legislatura del Congreso de Quintana Roo se ha caracterizado por su alto nivel de opacidad y su sumisión al Poder Ejecutivo, de acuerdo con diputados de la oposición, debido a la ausencia de transparencia y a su disposición para aprobar todos los decretos e iniciativas presentadas por el gobernador Roberto Borge.

El Congreso local está conformado por 25 diputadas y diputados, 15 de ellos elegidos por voto directo y 10 son legisladores por la vía plurinominal.

Con un presupuesto anual de 450 millones de pesos, la legislatura se conduce con discrecionalidad, parcialidad y opacidad, siendo su sello “la ausencia de debate. Sólo hay una línea”, menciona Jorge Aguilar Osorio, quien accedió a una curul por el PRD y en 2015 se declaró independiente.

En el primer trimestre del año en curso, se convirtió en uno de los 21 legisladores que solicitaron licencia para contender por un cargo público o participar en las campañas del proceso electoral 2016.

De acuerdo con la página de Transparencia del Poder Legislativo, cada diputado recibe una percepción mensual bruta de 65 mil 859 pesos, pero la información no está desagregada.

Al consultar a personal del Congreso estatal y a diputados, señalaron que sin impuestos, cada legislador percibe 54 mil 865 mil pesos al mes, de los cuales 8 mil 494 pesos corresponden al sueldo base y 46 mil 370 a la dieta mensual.

Con base en esa última cifra, la percepción anual de un diputado alcanza, en promedio, 658 mil 380 pesos. Otras percepciones son el pago de canasta básica, bono, ayuda de despensa, transporte y vivienda. Entre otras prerrogativas, los 25 legisladores del Congreso recibieron 103 mil 179 pesos de aguinaldo a finales de 2015, más 20 mil 413 de prima vacacional.

En contraste, un auxiliar de mantenimiento que percibe 2 mil 928 pesos de sueldo base que, sumando prestaciones, llega a los 6 mil 678 pesos, recibió un aguinaldo de aproximadamente 4 mil 587 pesos.

Aguilar Osorio confirma que entre los apoyos reciben 35 mil pesos para vivienda y teléfono, 20 mil pesos en vales de gasolina, así como ayuda de transporte, 4 mil pesos —comprobables— para comidas y otros 6 mil pesos en viáticos.

Además, para gestoría reciben 35 mil pesos y de su sueldo pagan a personal de apoyo, como secretarias, asistentes o asesores.

Computadoras, celulares o automóviles no entran en la lista de herramientas de apoyo.

Al final de la Legislatura, los diputados —explica— recibirán un bono, que en realidad corresponde al llamado fondo de ahorro.

La Gran Comisión

El legislador independiente dice que existe un trato diferenciado para los cinco diputados que integran la Gran Comisión, presidida por priístas.

“Entiendo que reciben algún tipo de prerrogativas diferentes, desde luego arriba de las de los otros 20 diputados. Tienen más beneficios laborales”, manifiesta.

Otras prestaciones que gozan los legisladores son los seguros de gastos médicos mayores y seguro de vida, por un millón de pesos cada uno.

A menos que el Congreso los envíe como representantes o para alguna reunión de trabajo, los diputados sólo pueden gastar 6 mil pesos al mes para viajar; si los traslados superan esa cantidad, la pagan de su bolso.

Aguilar Osorio recuerda que la única vez en que el Congreso devengó una cantidad —desconocida— para rentar una avioneta privada y llevarles de Cancún a Chetumal, fue para aprobar fast track la Reforma Energética, que requería el aval de los congresos locales. “La avioneta la fletó el Congreso. Todo fue rápido y ni siquiera hubo discusión, prácticamente llegamos a levantar la mano los que así lo hicieron o a votar en contra”.

Sobre si se desliza dinero por debajo de la mesa para que algún diputado o diputada apruebe alguna Ley, Aguilar Osorio señala que tal práctica es innecesaria ante la mayoría calificada del PRI. “Pueden modificar la Constitución del estado, sin necesidad de voltear a ver a la oposición”, agrega.

El cuerpo legislativo pasará a la historia como el primero en quedar integrado en la última fase de su ejercicio con 84% de suplentes, pues 21 de los 25 legisladores que lo integran solicitaron licencia para participar en el proceso electoral 2016.