Desde que los diputados Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos Vargas fueron retenidos, las instituciones del gobierno del estado iniciaron las gestiones para garantizar su integridad y resolver el problema en el municipio de Chenalhó, con el fin de lograr su liberación.
En un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que los diputados han sido expuestos “al escarnio y a la humillación” pero además, son obligados bajo presión a “forzar acuerdos fuera del marco legal y fuera del ámbito de competencia del Poder Legislativo”.
Por todo esto, el gobierno estatal rechaza “de manera contundente” las acciones realizadas por habitantes de Chenalhó, donde desde principios de abril, habitantes piden la renuncia de la alcaldesa del PVEM, Rosa Pérez Pérez.
Asegura que los diputados fueron llevados por varias decenas de indígenas “bajo presión” a la cabecera municipal del lugar, donde se desarrolla una asamblea.
“Los legisladores locales fueron sacados de la curia diocesana, donde llegaron para participar en el diálogo donde la Iglesia católica participaba como mediadora en el conflicto que impera en ese municipio”, menciona el comunicado.
afcl
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