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Hace un año y medio la administración del DIF en Cuautla, Morelos, obligó a Rosa Eugenia Linares a firmar su renuncia.

A sus 45 años, la fotoperiodista fue despedida por los permisos que solicitaba para llevar a su hijo, Jesús Daniel, a las terapias de rehabilitación y consultas médicas que necesita por la parálisis cerebral y los ataques epilépticos que padece.

“Yo te tengo en el DIF por el niño, porque no me estás cumpliendo”, se escucha reclamar, en un audio grabado en poder de EL UNIVERSAL a la entonces presidenta del DIF, Guadalupe González Mosqueda. “¿En qué trabajo dejan tener a los hijos discapacitados? nadie te lo agradece”.

Cada semana, Rosy redactaba informes en los que describía los actos de discriminación que sufría.

“Me empezó a cortar los tiempos, me descontaba, presentábamos un informe semanal donde ponía lo que me decía. Si yo faltaba a un evento era despido inmediato”, recuerda la mujer algunas de las represalías que tuvo que tolerar.

Desde el día que perdió su empleo, Rosy o Yuyis, como le dicen sus amigos, busca el sustento con su hijo cargado en su espalda. Jesus Daniel pesa 13 kilos y esta actividad le produjo afectaciones de salud como dolor de espalda, cintura y rodillas.

Ella y su hijo duermen en una casa que aún está en obra negra. Los dueños no le cobran renta, porque antes estaba abandonada.

A la mujer la mantiene la solidaridad de sus compañeros reporteros. Algunos donan parte de su sueldo para apoyarla mensualmente, también le consiguen trabajos esporádicos. Ni la fotoperiodista ni su hijo tienen derecho al Seguro Social.

“Hablé directamente con dos compañeros y les pedí que si me podían apoyar. Ellos prefieren mantenerse en el anonimato; uno me daba mil pesos a la quincena, otro me daba quinientos pesos, dependiendo su situación económica”, dijo.

La comunicadora desea que Jesús Daniel reciba atención médica en el Instituto Nacional de Neurología y darle un hogar propio. Por ello, pide el apoyo de las autoridades

“Yo lo sigo llevando al Hospital del Niño Morelense, no lo he dejado de atender, he remado contra corriente, aguantando muchas situaciones”, dice Rosa Eugenia.

“A la fecha, le han dado más convulsiones, tres o cuatro a la semana y eso ha minado su estado de salud”, aseguró en entrevista.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación advirtió que el caso podría tratarse de un acto discriminante por parte del DIF municipal, contra la periodista. Según esa instancia, se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Morelos, su inmediata intervención. Redes de periodistas en el país organizaron la campaña #Hoy- PorRosy, para apoyarla con donativos y también para ayudarla a encontrar un trabajo estable.

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