Activistas dicen que gobierno vendió predios públicos de Tajamar

El movimiento “Salvemos Manglar Tajamar” (SMT) evidenció hoy nuevas irregularidades en el caso de los terrenos de “Malecón Tajamar”, que prueban la presunta complicidad y opacidad con que se han conducido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el gobierno municipal de Cancún.

En conferencia de prensa, la activista, Aracely Domínguez, acompañada de las abogadas, Isabel González Glennie y Antonella Vázquez, dieron a conocer el resultado de las investigaciones hechas para determinar quiénes son los propietarios de los lotes dentro del polígono de 78.4 hectáreas, cuál es el status legal de los terrenos y cuáles las afectaciones reales a los inversionistas, de frenarse las obras.

Como resultado, el grupo SMT descubrió que, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), los terrenos que el Fonatur donó en 2007 al gobierno municipal de Cancún para hacer un parque urbano e infraestructura cultural, se fusionaron en uno sólo y fueron embargados por 600 millones de pesos, a nombre de “Grupo Carretero”, lo que, dicen, supondría que se dieron en garantía para el pago de alguna deuda, no esclarecida ni informada a la ciudadanía.

“Hay que recordar que los terrenos públicos son inembargables”, acotó González Glennie.

Si bien ese embargo fue cancelado en febrero del 2013, durante el último tramo de la administración del entonces alcalde, Julián Ricalde Magaña, en octubre del 2015 –con el actual gobierno encabezado por Paul Carrillo- existe un traslado de dominio que indica que las 5.4 hectáreas fueron enajenadas o vendidas, aunque la posible venta no figure aún en el Registro Público.

Antonella Vázquez subrayó que nunca se informó a la ciudadanía sobre los motivos para embargar los predios públicos, ni cuándo se dio el embargo, ni el cambio de dominio de los predios de público a privado; tampoco con qué otros predios o de dónde salió el dinero para pagar o acreditar los 600 millones de pesos que debía la comuna. Menos se conoce a quién se enajenaron o vendieron o si se han rentado.

Vázquez asegura que es claro que los predios fusionados en uno sólo, “ya fueron vendidos”.

Los antecedentes de estos terrenos, ubicados como 1, 2 y 10, de la Manzana 9, Supermanzana 6, fueron publicados por EL UNIVERSAL, el 7 de febrero pasado, cuando se citó que entre 2009 y 2010 la administración del entonces alcalde, Gregorio Sánchez –quien hoy se registró como candidato del Partido Encuentro Social (PES) para repetir como presidente municipal de Cancún- intentó enajenar el trío de lotes, pretextando que había que pagar la deuda municipal de dos gobiernos previos al suyo: el de Francisco Alor y el de Juan Ignacio García Zalvidea.

En sesión de Cabildo se les modificó el dominio de público a privado; se instruyó al inicio del procedimiento para cambiarles el uso de suelo de parque urbano a a comercial y se aprobó la enajenación de dichos inmuebles. Hubo una subasta para intentar venderlos en 244 millones 391 mil 908 pesos y un Tribunal declaró ilícita la enajenación, gracias al amparo promovido por la asociación “Ombligo Verde”.

Sin embargo, el cambio de dominio y el tema del cambio de uso de suelo, no se revirtieron y el tema quedó guardado en el archivo sin que nadie volviera a mencionarlo, hasta que el 16 y 17 de enero pasados, el Fonatur desmontó 22 hectáreas en Malecón Tajamar, afectando también esos terrenos públicos.

Profepa culpa a Bi&Di y protege a Fonatur

Otro de los hallazgos del grupo ciudadano fue que la empresa italiana Bi&Di, después de devastar varios de los 10 lotes que el Fonatur le dio en permuta dentro de Malecón Tajamar, los vendió.

El desmonte y relleno de manglares hecho por la compañía ocurrió a finales de julio del 2015. Para agosto, ya había vendido sus predios. En este último mes, fue cuando la Profepa suspendió toda obra o actividad en esos predios, acusando graves daños ambientales y violaciones al marco legal ambiental.

Desde esa fecha, hasta el 28 de enero, en que el procurador, Guillermo Haro Belchez, informó sobre la situación del polígono, la dependencia ha puesto como “al gran villano” a la empresa, a la cual le iniciaron procedimientos administrativos e incluso demandaron.

“El problema es que Bi&Di ya no es el dueño de nada. Los quieren hacer ver como los malos de la película, pero al realidad es que ellos ya vendieron, ya no son los dueños”, dijo Vázquez.

Fonatur todavía es propietario de varios lotes

Un descubrimiento más fue que pese a que el Fonatur aseguró, en conferencia de prensa, que la totalidad de los lotes ya se vendió, esto es falso. La revisión hecha en el Registro Público de la Propiedad, da cuenta de que una buena cantidad de los predios aún está a nombre del Fondo.

En ese status, figuran por ejemplo los lotes comprados por la sociedad entre los empresarios, Francisco Córdova y Rafael Lang, señalaron.

“La conclusión es que Tajamar es el ícono de todos los procesos violatorios de la ley, por parte de la autoridad, en perjuicio de la ciudadanía. Es un símbolo de cómo ocultan información, de cómo se arreglan bajo la mesa. Tajamar evidencia el modus operandi de las autoridades”, expresó Aracely Domínguez, quien dijo que la Profepa no ha dado respuesta a una sola de las siete mil denuncias ciudadanas que le fueron presentadas sobre el caso.

La única respuesta fue que la dependencia les invitó a fungir como coadyuvantes, aprobando pruebas, pero cerrándoles todo acceso a los expedientes, en los que tienen interés jurídico.

“Han pasado nueve meses y ya debió haber nacido el niño, pero nada”, dijo. La abogada González Glennie remarcó que existe una justicia “diferenciada”, en la que se aplica el peso de la ley al particular –Bi&Di- pero se protege a la autoridad o poder público, en este caso, al Fonatur y a Semarnat.