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La solicitud de juicio político interpuesta por el PAN en contra del gobernador Javier Duarte es por presunta violación a las constituciones federal y estatal, omisión en el manejo en materia presupuestal y violentar los derechos humanos, así como probable participación en asesinatos de periodistas y desapariciones forzadas.
El próximo miércoles vence el plazo para que las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales decidan si es procedente la demanda por los diputados panistas en el Congreso local.
El secretario General del Congreso local, Francisco Portilla Bonilla, señaló que el jueves se entregó a dichas comisiones legislativas el documento y tienen hasta el miércoles para decidir su procedencia.
Entrevistado tras la conmemoración del 78 aniversario del Día de la Expropiación Petrolera en el Congreso del estado, apuntó que las comisiones bien podrían decidir en las próximas horas si la solicitud de juicio político procede o no.
Portilla Bonilla relató que si no hay elementos para poder darle cauce, la solicitud tendrá que ser sobreseída y quedaría sin efectos la petición.
Al cuestionarle qué pasaría si procede, el funcionario del Congreso del estado declinó señalar el procedimiento que seguiría, pues dijo que esta es una determinación que le corresponde únicamente a las Comisiones Unidas determinar.
“Tienen que ser las comisiones las que determinen qué es lo procedente, tienen tres días para ello y vamos a esperar. No puedo ni debo adelantar juicios de valor”.
Pese a esto, Portilla Bonilla no dudó en decir que esta demanda de juicio político podría ser un asunto mediático, que busque afectar la imagen de las personas para poder avanzar políticamente, “cuando no se tiene propuestas”.
De acuerdo con la Ley de Juicios Políticos, en un proceso además del Congreso del estado, también interviene el Poder Judicial, pues el pleno del Tribunal se constituye en jurado de sentencia y la Sala Constitucional se instala con carácter de Comisión de Enjuiciamiento.
Sin embargo, en el Congreso del estado hay mayoría priísta, con 26 de los 50 diputados locales, más 10 legisladores aliados del tricolor que son del PVEM, Panal y del partido Alianza Veracruzana, por lo que se prevé que no pase la propuesta panista.
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